(Libertad Digital) La norma la Generalidad prevé que el Consejo Audiovisual Catalán (CAC), un órgano administrativo, pueda imponer multas de 90.001 a 300.000 euros e incluso la suspensión de tres meses en una decisión administrativa, sin intervención de los tribunales de justicia. En último caso podría retirar las licencias de emisión de cadenas de radio o televisión. Para ello se tendría que violar lo que considera "infracciones graves", entre las que está faltar a la obligación a una "información veraz".
El texto de la ley, en el artículo 7, establece que "la información difundida por los prestadores de servicios de comunicación audiovisual debe ser veraz. Se entiende por información veraz la que se fundamenta en hechos que pueden someterse a una comprobación diligente, profesional y fidedigna". Qué se considere o no "veraz" lo decide el propio CAC, que depende de la Generalidad. En consecuencia, se podrá cerrar un medio de comunicación en virtud de una decisión política del Gobierno catalán.
El artículo 116.1c prevé que el CAC pueda "ordenar el cese de las actuaciones que incumplan las condiciones de la licencia". El CAC actuaría a instancia de las denuncias que se le presenten, pero en caso de incumplimiento reiterado podría actuar de oficio. También podrá "adoptar medidas cautelares en caso de una urgencia justificada para evitar que el incumplimiento de las obligaciones produzca un perjuicio grave e irreparable al pluralismo o la libertad de los ciudadanos". Acto seguido, en nombre del "pluralismo y la libertad de los ciudadanos", el texto afirma que "estas medidas pueden comportar la suspensión provisional de la licencia", que puede luego ser definitiva.
El tripartito y CiU quieren cerrar la COPE
El propio CAC lanzó un
dossier contra la cadena COPE. La Generalidad
ya anunció que tendrá en cuenta el informe del CAC en la renovación de las licencias de la Cadena COPE. Tanto el tripartito en el poder como CiU se mostraron favorables a la retirada de las licencias. El portavoz adjunto del
PSC en el Parlamento, Joan Ferran, declaró al conocer el informe que "si hay una cadena de radio que no acepta las reglas del juego, que se lo haga mirar y corrija la deriva manipuladora de la opinión pública, del derecho a recibir información y el respeto que nos merecen las personas que creemos que la COPE no respeta". Por su parte, la portavoz de
ERC, Marina Llansana, recordó la demanda civil presentada por ERC en contra de la COPE y celebró que, tal y como denuncian los republicanos, esta emisora "vulnera el derecho a la información insultando y descalificando a los dirigentes de ERC y por extensión a todo el pueblo de Catalunya".
Más entusiasta fue Joan Boada, portavoz parlamentario de
ICV-EA, quien consideró que la resolución es "muy importante" y reclamó al Gobierno "que tome nota del informe y tome una decisión lo máximo contundente posible". En cuanto al PP, afirmó que "defiende las mentiras de la Cope" y dijo ver "claro por qué el PP votó contra" la ley del audiovisual, ya que el CAC "podría sancionar" y existía la "posibilidad de quitarle la concesión". "Es una posibilidad que nos parecería bien si continúan en la actitud de faltar a la verdad", añadió. Felip Puig, de
CiU, también se felicitó del dossier del CAC contra la COPE y añadió que "la libertad de expresión debe tener unos límites: no vale todo, y la COPE está ejerciendo una línea informativa absolutamente hostil a Cataluña". Recientemente, el PSC ha
presumido en su periódico digital de que "el CAC para los pies la COPE".
Amenaza a la libertad de expresión
Los nuevos poderes del CAC, que podrán cerrar un medio de comunicación por una decisión política de la Generalidad, han despertado la preocupación por los defensores de la libertad de expresión dentro y fuera de España. El
Comité Mundial de Libertad de Prensa, que reúne a 45 grupos pro libertad de prensa de todo el mundo, envió dos cartas a los presidentes de la Generalidad y el Parlamento catalán, Pasqual Maragall y a Ernest Benach, en las que pide que se ponga fin a un "
órgano censor" como el CAC. El Comité Mundial de Libertad de Prensa (WPFC, en sus siglas en inglés) considera lamentable que no se recuerde en España "algo parecido desde los órganos censores franquistas" y advierte que el CAC es un "ente de características únicas en Europa Occidental y la Unión Europea".
