L D (EFE) Por su parte, la consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, y el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, manifestaron que se trata de un "expolio" y este último fue más lejos al afirmar que "desde hace unas horas el Archivo de Salamanca es un cadáver". El alcalde calificó de "fechoría" el traslado de los documentos y aseguró que se trata del "mayor expolio cultural de la Europa occidental" e hizo un llamamiento a los salmantinos para "empezar a trabajar rápidamente cuando salga el último papel para que vuelvan a Salamanca, de donde nunca deben salir".
Entre las normas que se deberán cumplir para el traslado, la ministra citó la obligación de "comunicar" a la Junta de Castilla y León el traslado y determinadas disposiciones municipales. Insistió en que será un acto de "absoluta normalidad" y explicó que el 14 de febrero es la fecha tope que fija la ley para proceder a la restitución de los documentos a Cataluña. Ante la insistencia de los periodistas por conocer la fecha exacta del traslado, Calvo aseguró que en cualquier caso no será antes del 18 de enero, día en que se reunirá la comisión permanente del Patronato.
Respecto al Palacio de Orellana, en el que el Gobierno tiene proyectado construir el Centro de la Memoria como complemento a la actividad del Archivo, dijo que se encuentra en proceso de expropiación y que en unos meses se podrá fijar la fianza del justiprecio establecido. Incidió en que la unidad funcional del archivo queda intacta porque permanecerán copias de todos los documentos y agregó que "los fondos pasan del Estado al Estado".
Pidió la colaboración leal al Ayuntamiento para el cumplimiento de la ley y recordó que la Constitución obliga a todos los cargos públicos a ser leales institucionalmente. Calvo bromeó al señalar que "como el alcalde de Salamanca dice que me voy a saltar las normas, hasta que no tenga todos los permisos y las autorizaciones no voy a dar una fecha".
Consideró que no hace falta establecer ningún dispositivo especial para el día del traslado que, según dijo, se realizará en "un par de furgones", que llevarán los documentos hasta el Archivo General de Madrid antes de trasladarlos a Cataluña, y señaló que ella no estará presente en Salamanca ese día por problema de agenda. En una comparecencia posterior, la consejera reiteró su petición de que la documentación no salga físicamente de Salamanca hasta que no se haya pronunciado el Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso presentado por la Junta.
A su juicio, se puede aplicar la ley poniendo en marcha el proceso de devolución sin que se produzca la salida de documentos del Archivo de Salamanca, ya que si el TC en el futuro declara nulo algún artículo de la Ley "será imposible restituir la documentación que se entregue a los particulares". A este respecto, la ministra respondió que el aplazamiento de la ejecución de la Ley "no es posible ni siquiera jurídicamente".
"Las leyes se pueden recurrir pero no se pueden paralizar", recalcó Calvo, quien señaló que el planteamiento de la consejera es "como pedir que sea día y también noche". Clemente pidió también que se revise la documentación correspondiente al Parlamento y a la Generalidad de Cataluña "porque la propia página web del Ministerio señala que hay documentos que no pertenecen a esas instituciones y, por tanto, no se pueden devolver".
Recalcó que el traslado significa la destrucción del Archivo de la Guerra Civil y calificó de "pantomima" la reunión de hoy del Patronato, que se produce una semana después de que fueran renovados algunos de sus miembros al expirar el plazo de tres años para el que fueron designados. El alcalde aseguró que va ayudar a la ministra a que cumpla la ley y señaló que Calvo no tiene la culpa, sino que "le ha caído una buena breva". Consideró que a pesar de su pose, la ministra "lo está pasando peor que nadie", porque "sabe que va a pasar a la historia de España como la ministra de Cultura de un gobierno español que desmanteló la cultura española".
Entre las normas que se deberán cumplir para el traslado, la ministra citó la obligación de "comunicar" a la Junta de Castilla y León el traslado y determinadas disposiciones municipales. Insistió en que será un acto de "absoluta normalidad" y explicó que el 14 de febrero es la fecha tope que fija la ley para proceder a la restitución de los documentos a Cataluña. Ante la insistencia de los periodistas por conocer la fecha exacta del traslado, Calvo aseguró que en cualquier caso no será antes del 18 de enero, día en que se reunirá la comisión permanente del Patronato.
Respecto al Palacio de Orellana, en el que el Gobierno tiene proyectado construir el Centro de la Memoria como complemento a la actividad del Archivo, dijo que se encuentra en proceso de expropiación y que en unos meses se podrá fijar la fianza del justiprecio establecido. Incidió en que la unidad funcional del archivo queda intacta porque permanecerán copias de todos los documentos y agregó que "los fondos pasan del Estado al Estado".
Pidió la colaboración leal al Ayuntamiento para el cumplimiento de la ley y recordó que la Constitución obliga a todos los cargos públicos a ser leales institucionalmente. Calvo bromeó al señalar que "como el alcalde de Salamanca dice que me voy a saltar las normas, hasta que no tenga todos los permisos y las autorizaciones no voy a dar una fecha".
Consideró que no hace falta establecer ningún dispositivo especial para el día del traslado que, según dijo, se realizará en "un par de furgones", que llevarán los documentos hasta el Archivo General de Madrid antes de trasladarlos a Cataluña, y señaló que ella no estará presente en Salamanca ese día por problema de agenda. En una comparecencia posterior, la consejera reiteró su petición de que la documentación no salga físicamente de Salamanca hasta que no se haya pronunciado el Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso presentado por la Junta.
A su juicio, se puede aplicar la ley poniendo en marcha el proceso de devolución sin que se produzca la salida de documentos del Archivo de Salamanca, ya que si el TC en el futuro declara nulo algún artículo de la Ley "será imposible restituir la documentación que se entregue a los particulares". A este respecto, la ministra respondió que el aplazamiento de la ejecución de la Ley "no es posible ni siquiera jurídicamente".
"Las leyes se pueden recurrir pero no se pueden paralizar", recalcó Calvo, quien señaló que el planteamiento de la consejera es "como pedir que sea día y también noche". Clemente pidió también que se revise la documentación correspondiente al Parlamento y a la Generalidad de Cataluña "porque la propia página web del Ministerio señala que hay documentos que no pertenecen a esas instituciones y, por tanto, no se pueden devolver".
Recalcó que el traslado significa la destrucción del Archivo de la Guerra Civil y calificó de "pantomima" la reunión de hoy del Patronato, que se produce una semana después de que fueran renovados algunos de sus miembros al expirar el plazo de tres años para el que fueron designados. El alcalde aseguró que va ayudar a la ministra a que cumpla la ley y señaló que Calvo no tiene la culpa, sino que "le ha caído una buena breva". Consideró que a pesar de su pose, la ministra "lo está pasando peor que nadie", porque "sabe que va a pasar a la historia de España como la ministra de Cultura de un gobierno español que desmanteló la cultura española".