L D (Europa Press) En esta causa, en la que hay 41 responsables y ex responsables de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna procesados, contando a su dirigente Arnaldo Otegi y al huido Jon Salaberria, el juez Baltasar Garzón suspendió cautelarrmente las actividades de Batasuna el 26 de agosto de 2002. Basándose en dicha medida, dictada por la vía penal con anterioridad a la sentencia de ilegalización de Batasuna dictada en marzo de 2003 por el Tribunal Supremo en aplicación de la Ley de Partidos, el magistrado Grande Marlaska podría ordenar la suspensión de la asamblea nacional de Batasuna, convocada para el próximo día 21 en Barakaldo (Vizcaya).
El juez, que una vez que reciba los informes solicitados se los trasladará al fiscal para que dé su parecer antes de adoptar cualquier decisión al respecto, cursó ayer su petición a las Fuerzas de Seguridad sin que se lo solicitara ninguna de las partes personadas en la causa.
Una de las partes personadas es la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), organización que esta misma mañana presentó una denuncia por un delito de colaboración con banda armada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, para tratar de impedir el acto convocado por Batasuna para el próximo día 21.
Según el abogado de la Asociación, Juan Carlos Rodríguez Segura, en este caso el órgano competente para paralizar el acto convocado es la Audiencia Nacional, no el Supremo, que ya ilegalizó Batasuna con su sentencia, ni el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, porque se trata de "una organización ilegal, dentro del entramado de una organización terrorista", como es ETA. El letrado agregó que su denuncia responde al hecho de que la Fiscalía General del Estado no ha realizado ninguna actuación encaminada a impedir que una organización ilegalizada convoque y celebre actos públicos.
Los autos de procesamiento dictados por el juez en la causa contra Batasuna afirman que "ETA-KAS-Ekin, dado su carácter de organización compleja que aglutina a una serie de estructuras necesarias para su desarrollo y consecución de los fines violentos propuestos", elaboró en 1992 el Proyecto Udaletxe, "con el fin de dotar a todas las estructuras integradas en el complejo terrorista de medios de financiación y de una estructura económica que vertebre todo el movimiento". Las organizaciones del entramado se autofinancian y ocultan fondos ilícitos, como el cobro del "impuesto revolucionario". En la distribución de tareas, controladas por ETA, Batasuna desarrolla "un papel preponderante" en el ámbito económico financiero a través de la Comisión Nacional de Herrikos.