L D (Europa Press) La reunión de los partidos catalanes que apoyan el Estatuto se prolongó durante tres horas y sirvió para coordinar posturas de cara a la cumbre que se celebrará este viernes en el Congreso y a la que se presentarán con un decálogo de desacuerdos a solucionar comenzando por la definición de Cataluña como nación y en el que se incluye el sistema de financiación, pese a que no se tratará en la reunión. Además, se acordó constituir una comisión jurídica asesora, formada por representantes del Institut d'Estudis Autonòmics y letrados del Parlamento que acompañará a los negociadores cuando éstos lo requieran.
Desde el tripartito se hicieron esfuerzos para dar imagen de unidad de los partidos catalanes que el portavoz de la delegación negociadora de CiU, Francesc Homs, se encargó de desarmar señalando acuerdos entre CiU, ERC e ICV-EA frente a lo que calificó de posición "reiteradamente matizada y, en algunos casos, contraria" de los socialistas catalanes. No obstante, celebró poder presentarse este viernes ante el PSOE con "un listado de cosas que tienen una defensa unitaria de los partidos catalanes".
Así, el PSC se habría mostrado dispuesto, frente a CiU, ERC e ICV-EA, a que se suprimiera la Disposición Adicional Primera en la que se incluye la invocación de los derechos históricos de Cataluña para avanzar en autogobierno y que Iceta consideró sobrera en favor de un acuerdo con el PSOE sobre el artículo 5 del proyecto de Estatuto que consagraría "derechos históricos de nueva generación y singulares de Cataluña" sin apelar a "derechos con raíz foral".
El PSC también considera "innecesaria" la Disposición Adicional Undécima, en la que se proclama que la Generalidad pasa a ser la "administración ordinaria del Estado en Catalnyaa después de que le sean transferidas, mediante los instrumentos que corresponda, las funciones ejecutivas que ejerce la Administración del Estado mediante sus órganos territoriales en Catalunya".
Derechos y Deberes
El contrapunto lo puso CiU que insistió este jueves en su voluntad de modificar artículos del Título de Derechos y Deberes, con la oposición del tripartito. Homs señaló que "no es admisible que se exija a CiU que se trague rebajas en financiación y competencias y se mantenga un título al que votó en contra", aunque el más contundente fue Josep Sánchez Llibre, quien aseguró que, pese a no haber enmiendas del PSOE, CiU trabajaría para llegar a un acuerdo con los socialistas y lograr los cambios.
La postura de CiU fue duramente criticada por el PSC, que prefirió "no abonar polémicas que nos distraigan del objetivo de lograr un acuerdo", así como por el portavoz de ERC, Joan Ridao, quien lamentó la insistencia de la federación nacionalista, y Jaume Bosch (ICV) que consideró "absurdo desde un punto de vista nacional y nacionalista que CiU reabra un tema que el PSOE no cuestiona" y lo atribuyó a las diferencias entre CDC y UDC.
Pese a todo, el portavoz del PSC, Miquel Iceta, hizo un "pronóstico muy positivo sobre el resultado de las negociaciones" y aseguró que "cada día que pasa estamos más cerca del acuerdo", pese a admitir que "con CiU tendemos a no estar de acuerdo al 100%". Iceta sostuvo que "todos tenemos la obligación de defender lo que ha aprobado el Parlament" aunque admitió la existencia de "énfasis y prioridades diferentes" que, dio por buenas y "enriquecedoras", "si las cosas acaban como tienen que acabar". Iceta señaló "dos o tres elementos" sobre los que consideró necesario un mayor acercamiento de posturas, al margen de la financiación, como son el traspaso de medios materiales y personales de la administración de justicia, la gestión de puertos y aeropuertos o la definición de las competencias compartidas.
Una lista de desacuerdos con el PSOE
No obstante, los partidos catalanes se presentarán este viernes con un listado mayor de desacuerdos con el PSOE que incluyen el tratamiento del catalán en el ámbito de la justicia, para lo que se emplazaron a encontrar una fórmula que mantenga la obligatoriedad como requisito para los jueces y encaje con el deber de conocer el catalán en la función pública. También se plantearán discrepancias en el Título de Instituciones, aunque en este caso de carácter menor y fácil solución, ya que se limitan a temas de protocolo, de competencias del Síndic de Greuges o de la creación de una sala especial en el TSJC de garantías estatutarias.
No obstante, aparcado el debate sobre nación y financiación, los partidos catalanes se centrarán en el Título de Competencias, especialmente a la hora de defender la definición de exclusivas de la Generalidad y rechazar "falsas exclusivas" y limitar las competencias compartidas, del artículo 11, a materias en las que el Gobierno central se limite a legislar sobre principios. El llamado cuatripartito se presentará con un listado de competencias a defender unánimemente, aunque también hay fisuras en la postura unitaria en las competencias en inmigración, a la hora de reclamar que la Generalidad conceda los permisos de trabajo o en la reivindicación de las selecciones deportivas catalanas.