(Libertad Digital) En el escrito, el Partido Popular recuerda que la misión de Conde Pumpido es promover "la acción de la justicia para la defensa de la legalidad y para la salvaguarda del interés social y de los intereses públicos tutelados por la ley". La Oposición recuerda que le corresponde al fiscal general iniciar los trámites para impedir la celebración del acto de Batasuna, que fue ilegalizada por la Ley de Partidos, una ley, que, según los populares, "ha pasado a convertirse en un estorbo" "para sus propósitos políticos". El PP recuerda a Conde Pumpido que su cargo impide secundar "una estrategia política cuya viabilidad exige la flagrante violación del principio de legalidad", y que si dicho principio es demolido, sembraría un grave precedente.
Conde Pumpido se comprometió a "ser garante de la legalidad"
El PP recuerda a Conde Pumpido que cuando presentó la memoria anual del año 2004, el propio fiscal general del Estado dijo que uno de sus objetivos era "ser garante de la legalidad y de los principios de los ciudadanos". En esa misma intervención, también decía que creía "que el escrupuloso respeto a la Ley y la tutela de las garantías y los derechos de las personas constituye una de las claves esenciales del Estado de Derecho". El PP recuerda a Conde Pumpido que "no le puede ser suficiente el juicio político del Presidente del Gobierno", que dijo que la Ley de Partidos era rígida, "para traicionar su misión constitucional de defender la vigencia y aplicación del principio de legalidad".
Los populares recuerdan que el fiscal general es "la autoridad constitucional que puede, mediante la adopción de las acciones legales precisas, impedir un acto político que, de celebrarse, pasaría a la historia como el triunfo de la ilegalidad y la desobediencia civil frente al Estado de Derecho". Por ello, dicen que Conde Pumpido "puede y debe" impedir "tan clamorosa burla de nuestro sistema democrático", ya que es el único que goza de autonomía suficiente "para efectuar sus propias valoraciones y asumir criterio propio acerca del riesgo de quebrantamiento del principio de legalidad".
En otro punto del escrito, el principal partido de la Oposición, recuerda las declaraciones de Conde Pumpido, cuando dijo que el que un partido fuera declarado ilegal no afectaba al derecho de reunión a título individual, "en llamativa coincidencia" con lo expresado por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que "transmite un mensaje gravísimo de confusión que el Fiscal General del Estado no puede invocar como torpe coartada para justificar su inhibición".
Recueda que la Policía no tiene dudas de que el acto lo celebra Batasuna
Por otra parte, el PP dice que Conde Pumpido debería revisar las conclusiones del informe de la Guardia Civil, en el que la Policía dice que el proceso Bide Eginez está impulsado por Batasuna, basándose en varios elementos, como que varios miembros destacados de la Mesa Nacional de Batasuna hayan dicho que el próximo 21 se renovarán los miembros de dicha mesa el día y lugar anunciados. Asimismo, citan la aparición de carteles y pancartas, cuyos "lugares, colores y simbología" son los usados por Batasuna; también hablan de la publicidad "insertada en el diario Gara informando del acto, con los anagramas utilizados por Batasuna", según el informe de la Policía.
Por ello, los populares recriminan al fiscal general que "el mantenimiento del argumento acerca de la diferencia entre el entramado político y sus integrantes, se convierte en un sarcasmo jurídico y en una ofensa al sentido común".
Además, el Partido Popular recuerda que la Ley de Partidos prescribe que todo partido que haya sido declarado ilegal deberá "cesar de inmediato en todas las actividades que realicen una vez que sea notificada la presente sentencia". Por ello, los populares recuerdan a Conde Pumpido en su escrito que "es Batasuna la que anuncia, con el sentimiento de impunidad que le concede la sorprendente abstención del Ministerio Fiscal, la celebración, el próximo día 21, de un congreso con espíritu de relanzamiento político". En consecuencia, "invocar los derechos fundamentales, a título personal" de los convocantes "es una trampa dialéctica que no se sostiene jurídicamente". No obstante no niegan el derecho de reunión de los dirigentes batasunos, sino que lamentan que "ese derecho se pretenda ejercer valiéndose de la misma estructura orgánica que fue declarada ilegal y sirviendo a sus fines".
Tan sólo el fiscal puede provocar una resolución jurisdiccional
Los populares recuerdan que, según la ley, es a la Sala del Supremo "a la que incumbe pronunciarse acerca de si el congreso proyectado puede reputarse como una actividad contraria a la ilegalización declarada y al cese inmediato de sus actividades" previa audiencia con las partes interesadas, pero que ello no puede hacer que el fiscal general "espere" que la Sala tome la iniciativa, pues tan sólo el Ministerio Fiscal es el único que "puede provocar una resolución jurisdiccional que acuerde la prohibición".
El PP dice que las declaraciones públicas de Conde Pumpido producen "sensación de fraude", que dejan ver que es "exclusivamente en la Audiencia Nacional donde ha de dilucidarse el desafío promovido por Batasuna", ya que "una cosa es el proceso penal abierto en la Audiencia Nacional contra los dirigentes de Batasuna por sus responsabilidades individuales como integrantes de una organización terrorista y otra diferente es el procedimiento de disolución y cesación de actividades".
El escrito remitido por el PP dice que la opinión pública abriga la duda "de si su reciente viaje al País Vasco con el fin de entrevistarse con los Fiscales Jefes de aquella comunidad, tenía por objeto promover un debate técnico sobre las acciones legales a emprender o si, antes al contrario, sólo perseguía ahogar cualquier iniciativa jurídica, asegurándose que ninguno de sus subordinados va a tomar decisiones que disgusten al Gobierno o entorpezcan su política de alianzas".
Por último el PP pide que "no traicione los principios de legalidad e imparcialidad" y que inste a la Sala del art. 61 del Tribunal Supremo "la ejecución del fallo en el que se declaraba la ilegalidad de Batasuna" y que el Fiscal inste la suspensión del acto convocado el día 21. Finaliza recordando que "por el principio de legalidad, el Ministerio Fiscal ha de actuar con sujeción a la Constitución"