(Libertad Digital) El auto judicial señala, en concreto, que "...las declaraciones del Sr. Buesa como portavoz del Foro Ermua fueron vertidas o se realizaron en el ámbito que puede sin dificultad considerarse como una crítica política de carácter público, no pudiendo ser consideradas las mismas como desproporcionadas desde esa perspectiva y dentro del contexto político en el que se desarrollan..."
En un comunicado, el Foro de Ermua, que preside el querellado, Mikel Buesa, reafirma "con la fuerza de una resolución judicial que nos ampara en este derecho" que "el Gobierno Vasco financia el terrorismo". En la nota en la que hace pública la decisión del tribunal, la organización presidida por Buesa recuerda los argumentos que llevaron a hacer a su presidente dicha afirmación pública en 2004.
Las declaraciones "lógicamente no pueden ser consideradas desproporcionadas dado que se ajustan fielmente a la realidad", y recuerda un estudio del propio Buesa que recoge que el Ejecutivo vasco "en el periodo comprendido entre 1993 y 1998, subvencionó a las asociaciones del entramado de ETA con un promedio de 8.361.000 euros anuales", algo que ha continuado sucediendo en la actualidad pues se "han puesto todos los medios para que las medidas tomadas para terminar con esta situación desde el Gobierno y Parlamento central y por los Tribunales de justicia, no impidan que el dinero público continúe fluyendo hacia la estructura terrorista".
Como ejemplo, el Foro de Ermua cita las ayudas a los familiares de los presos etarras, hecho al que se refería Mikel Buesa en sus acusaciones al Ejecutivo vasco. El Foro lamenta que dichas ayudas han sido "aprobadas sin tener siquiera competencia para ello y que vienen a las anteriores subvenciones a las asociaciones de presos de ETA una vez ilegalizadas o suspendidas éstas por la Audiencia Nacional". Recuerda además "la deriva que está sufriendo el PSE en nuestra Comunidad" por "su apoyo a un Presupuesto General de Euskadi que incluye de nuevo estas ayudas al entorno terrorista".
El Foro de Ermua se felicita porque la Justicia "ha puesto las cosas en su sitio" y afirma que "el efecto probablemente buscado por el Gobierno Vasco con su querella, tratando de coartar la libertad de expresión y tratando de criminalizar, al más puro estilo totalitario, la crítica política contra su actuación, ha tenido el efecto contrario", pues "mucha más gente se ha armado de valor y se ha atrevido a decir públicamente lo que antes manifestaba en privado: más de tres mil quinientas personas, entre las que figuran centenares de catedráticos, periodistas, juristas, profesionales y políticos se habían autoinculpado junto con Mikel Buesa haciendo suyas las afirmaciones de éste. A todos ellos, queremos darles nuestro más sincero agradecimiento".
