(Libertad Digital) El padre afectado relató, en La Mañana de la COPE, el "largo proceso" que le ha llevado a tener que denunciar públicamente la situación que padece su hija, de tres años. Cuando llegó el momento de escolarizar a la menor en Cataluña, Carmelo González preguntó a la Generalidad por la "posibilidad" de educar a su hija "en castellano", "al amparo de la Ley de Política Lingüística", aprobada en 1997, de las "sentencias" y de los "informes del Defensor del Pueblo".
El gobierno autonómico respondió que "el catalán es la lengua vehicular" y la niña "no tendría problemas en aprenderla en tres meses" y a continuación les remitió al centro educativo y la "educación individualizada en castellano", lo que calificó González de "signo de segregación muy grave", pues el menor es tratado en un idioma distinto al del resto de la clase. "La siguiente fase", según González, fue dirigirse a la dirección del colegio. Alcanzaron un acuerdo verbal con la profesora que "garantizaba que repetiría sus clases en un idioma y en otro a todos los niños", una "solución de compromiso", a juicio del padre, que indicó que "tras el primer trimestre", tienen "evidencias sólidas" de que el acuerdo no se ha cumplido.
El último paso fue enviar "un burofax detallado" al centro, pero el colegio se amparó en "circulares internas", algunas de "tono xenófobo", para defender su postura. Ahora, Carmelo González ha logrado que su problema llegue al Parlamento catalán y a las Cortes, con el apoyo de plataformas ciudadanas y partidos políticos como el PP. Si aún así no llega una solución, González anunció próximas movilizaciones e incluso una huelga de hambre para exigir el derecho de su hija. "Estamos dispuestos a llegar hasta el final".
De los socialistas "sólo he recibido una corriente crítica"
El padre afectado arremetió contra la Generalidad y el hecho de que "en un país democrático, que el Ejecutivo se permita no respetar la Ley emanada del poder legislativo", ni tampoco las sentencias, "es, técnicamente, un gobierno totalitario". Sobre el apoyo que el PP le ha prestado en este tema, González, declarado "votantes de izquierdas", se manifestó "sorprendido de que sólo haya recibido de los socialistas una corriente crítica", frente a quienes ahora se sorprenden de que acepte el apoyo de los populares. "Si alguien se pone a nuestro lado, bienvenido sea". "Todavía estoy esperando que alguien de los partidos que he votado, (miembros del tripartito) simplemente me llame", manifestó.
Carmelo González finalizó su intervención dando una recomendación a todos los periodistas y a quienes hablan de "normalidad" en Cataluña: "Que tengan a mano el texto de la ley de Política Lingüística y lo lean", así como la última sentencia respecto a este tema del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. "Es un derecho. Quiero que mi hija sea educada en castellano al amparo de la ley", exigió.
Respaldo de la Justicia
En efecto, la ley a la que alude Carmelo González le ampara en su derecho. La norma sobre Política Lingüística recoge en su artículo 21, referido a la enseñanza no universitaria, que "los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano". El punto 21.2 continúa así: "La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo". Además, el punto 21.5 establece que el alumnado no debe ser separado en centros ni en grupos clase distintos por razón de su lengua habitual.
Respecto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a la que se refería Carmelo González, se trata de la respuesta de los tribunales a un recurso de la Asociación por la Tolerancia para garantizar la enseñanza en castellano y catalán en la comunidad autónoma. Los jueces establecen la "obligación" de la Generalidad de preguntar a los padres, mediante "la técnica de casillas" en los impresos de solicitud, en qué idioma desean escolarizar a sus hijos. La sentencia, del 24 de noviembre de 2005, enfatiza que el método es "sumamente fácil" y recuerda que "no cuestiona el sistema de conjunción lingüística que sigue la Administración educativa".