L D (Agencias) El documento, encargado por el Gobierno gallego, establece un marco jurídico-técnico para profundizar en el autogobierno, aborda lo que considera seis cuestiones relevantes para el proceso.
Los ámbitos de competencias no exclusivas del Estado que se podrían incorporar, los mecanismos jurídicos para garantizar el pleno ejercicio de las materias exclusivas de la comunidad y la capacidad de que Galicia recoja en su Estatuto la posibilidad de participar en organismos supraestatales, además de analizar los mecanismos jurídicos para recoger la obligatoriedad del conocimiento de la lengua gallega.
Entre la incorporación de nuevos derechos al texto reformado, los denominados "derechos de segunda generación", es decir derechos económicos, sociales y culturales, el informe analiza el acomodo jurídico que tendría la inclusión de una carta de derechos y deberes y cómo éstos podrían estar garantizados. Además, aborda la posibilidad de crear nuevas instituciones autonómicas al articulado, ya que considera que desde 1981 surgieron entes que podrían merecer "relevancia estatutaria".
Para Touriño, el documento representa una "valiosa contribución y orientación jurídica" para el inicio de los trabajos de la ponencia que se constituirá de forma inminente, ya que permite aprovechar la "capacidad y solvencia" del órgano consultivo de la comunidad. No obstante, aclaró que el documento no "limitará" la labor de los grupos parlamentarios, ni determinará la capacidad y la "libertad de aportación y de creatividad" del organismos que se constituya en la Cámara gallega para desarrollar este proceso.
Así, el presidente recalcó que la Xunta "no pretende condicionar el proceso", sino que su objetivo es proporcionar las "máximas facilidades y información" al Parlamento para que "actúe con plena libertad" en el marco establecido por la Constitución.