L D (Agencias) La consejera catalana Marta Cid ha considerado que este auto "no afecta al modelo educativo", ha asegurado que en Cataluña "no existen conflictos lingüísticos", que la inmersión lingüística "es cumplir la ley", y ha advertido de que las "campañas" mediáticas "no conseguirán que la Generalitat cambie este modelo, que ha sido coherente desde el año 1983".
En rueda de prensa, la consejera ha precisado que la resolución adoptada por el TSJC "afecta a un caso aislado" de interpretación que hacía la escuela badalonesa a la hora de impartir las cuatro horas semanales de lengua castellana que establece la ley, y que los centros tienen flexibilidad, por ejemplo, para acumularlas en los cursos superiores (a partir de tercero de primaria). Además, y pese a las constantes denuncias –entre ellas la de Carmelo González– Cid ha señalado que "no hay ningún tipo de persecución lingüística del castellano, esto es insostenible por muchas campañas que haya" y ha recalcado que "tampoco hay problemas lingüísticos en las escuelas catalanas, no lo ha habido y no hay motivo para que lo tenga que haber: el sistema de inmersión se aplica desde el año 1983 con unos resultados excelentes, y todos los ciudadanos tienen garantizados los derechos que establece la ley". El mismo consejero jefe Josep Bargalló también negó la existencia de una "persecución del castellano" en Cataluña.
Reacciones a favor del auto judicial
Por su parte, la Confederación Nacional Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (CONCAPA) celebró la sentencia del Tribunal. Su presidente, Luis Carbonel., dijo que "nos congratulamos con la sentencia porque ratifica el mandato constitucional" y lamentó que con actuaciones como la del colegio de Badalona se persiga el derecho de los padres a determinar la clase de formación que quieren para sus niños.
A su juicio, los poderes públicos no deben imponer la Educación porque son "simples servidores" de las demandas de la ciudadanía. Por ello, Carbonel criticó la actitud "despótica e irrespetuosa" del colegio hacia la libertad de elección por parte de los padres, al intentar "imponer" la enseñanza del catalán. En esta línea, el presidente de CONCAPA mostró su preocupación por la posibilidad de que el Ejecutivo catalán haga caso omiso de la sentencia del TSJC, puesto que entiende que el proyecto lingüístico del centro escolar cuenta con el "beneplácito" de la Generalidad de Cataluña.
Asimismo, la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de Enseñanza (STES) ve "bien" la sentencia porque los alumnos tienen derecho a "educarse en la lengua que elijan". Tras reclamar a la Administración que facilite los medios para cumplir la decisión judicial, a pesar de los problemas que puedan surgir para llevarla adelante, el portavoz de STES, Augusto Serrano, explicó a Europa Press la dificultad de su cumplimiento ante la posibilidad de que haya que hacer desdobles de clases para educar en castellano.