L D (Agencias) El Gobierno ha acordado con la comunidades autónomas del PSOE y el PNV la creación de un grupo de trabajo que este martes se ha constituido en la reunión del CPFF exponga en septiembre los principales problemas que presenta el sistema actual.Madrid, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla exigieron conocer antes en detalle los acuerdos financieros alcanzados en la negociación del Estatuto catalán entre el Gobierno y CiU.
El Gobierno eludió explicar a los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas el acuerdo alcanzado con Convergencia i Unió sobre financiación. Pedro Solbes se desmarcó del pacto como vicepresidente en cuanto que "no es un acuerdo del Gobierno con CiU, sino un acuerdo entre partidos políticos". Por tanto, consideró que en la reunión del máximo órgano financiero que agrupa a Gobierno y autonomías no procedía hablar de ello. Y eso a pesar de que hasta cincuenta veces los representantes del PP le preguntaron por ello. Y esd que, a juicio de Solbes, el "acuerdo con CiU se cerró en Moncloa, porque es donde vive el secretario general del PSOE y el señor Fernández Ordóñez ha actuado como asesor del Grupo Socialista en la negociación". "No es un acuerdo del Gobierno con CiU", insistió.
El Gobierno ofreció a estas comunidades informarles de ese "pacto político" de manera "informal" a través del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Angel Fernández Ordóñez, pero las autonomías gobernadas del PP exigieron que esos datos se les trasladen en una convocatoria extraordinaria y "formal" del CPFF. Sin embargo, las comunidades del PP comparecieron al término de la reunión del CPFF para dejar claro que consideran que esta propuesta es una "tomadura de pelo política", y que no piensan "perder el tiempo" exponiendo los problemas del modelo actual. Además anunciaron que este mismo miércoles registrarán la petición de una convocatoria extraordinaria del CPFF para debatir el acuerdo sobre el Estatuto.
Además, negaron que en esta ocasión exista algún tipo de semejanza con el acuerdo alcanzado entre Aznar y Pujol. "Que nadie busque semejanzas con procesos anteriores porque no las hay", aseguró el consejero de Economía de la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps, que ejerció de portavoz de las comunidades gobernadas por el PP. Para Camps, el pacto Aznar-Pujol fue "público" frente al acuerdo actual que presenta la "mayor de las opacidades posibles".
Asimismo, afirmó que las regiones "populares" no están dispuestas a presentar sus propuestas al grupo de trabajo creado este martes, porque consideran que lo único que pretende el Gobierno es "ganar tiempo" para cerrar los flecos aún pendientes en la financiación contemplada en el Estatuto. Según los 'populares', ya han debatido, durante un año medio, cuáles son las principales deficiencias del modelo actual –el impacto demográfico sobre los gastos asistenciales–, por lo que ven innecesaria la creación de este grupo.
El gobierno no informa porque es un acuerdo "político" entre partidos
El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, indicó, al término de la reunión, que previamente, como plazo límite hasta marzo, las comunidades autónomas deberán presentar a este grupo de trabajo las propuestas que estimen oportunas. La intención del Gobierno es que el nuevo modelo pueda debatirse en sede parlamentaria a lo largo de 2007 (modificación de la LOFCA) y que entre en vigor el 1 de enero de 2008.
Solbes, que aseguró que este acuerdo es "político", admitió que el nuevo modelo de financiación que se pacte con las comunidades debe ser "compatible" con lo acordado en el Estatuto, y señaló que los principios de financiación que allí se recogen son una "buena base" para iniciar la negociación con el conjunto de comunidades.
Para el ministro, la convocatoria de un CPFF extraordinario para debatir lo acordado en el Estatuto de Cataluña, tal y como han solicitado las regiones "populares", es una propuesta que no procede, ya que considera que no se trata de un foro adecuado ni debe "interferir" en el debate parlamentario que acaba de comenzar sobre el nuevo Estatuto catalán. Ante las críticas de las comunidades del PP por esa interpretación y su recordatorio de que el acuerdo se cerró en el Palacio de La Moncloa, Solbes replicó que fue así "porque da la casualidad de que es allí donde vive el secretario general del Partido Socialista".
No obstante, y pese a insistir en varias ocasiones en que el acuerdo de financiación del Estatuto es estrictamente entre partidos políticos, Solbes ofreció a las comunidades autónomas una "reunión informal" con el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para que les explique el contenido del acuerdo alcanzado con CiU.
Para el Gobierno, esta reunión sería similar a la que en su día convocó el PP con las comunidades autónomas, una vez que el presidente del PP, José María Aznar, llegó a un acuerdo con el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, sobre financiación autonómica para asegurarse el apoyo parlamentario de CiU, tras la victoria del PP de 1996.
Sevilla dice que el Estatuto es una "buena base"
En esta misma línea, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que también participó en la reunión del CPFF, negó que el "grueso" de la nueva financiación autonómica esté ya pactado con CiU, y añadió que son "muchas" las preocupaciones que han ido manifestando las comunidades. "El Estatut no incluye un modelo de financiación, sino principios del mismo", reiteró Sevilla.
Pero también dijo que, si bien el acuerdo con el conjunto de las comunidades "no estará condicionado" por el Estatuto, se trata de una "buena base" para un modelo de financiación generalizado en las 17 omunidades.