L D (Agencias) El mismo lunes por la tarde el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 celebrará una vistilla del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para estudiar si modifica la situación personal de Otegi, quien se encuentra en libertad bajo fianza de 400.000 euros en la causa que el magistrado instruye contra Batasuna. El juez de la Audiencia Nacional también cita en su auto para el miércoles al ex portavoz de las Gestoras Pro Amnistía Juan María Olano y, para el jueves, al secretario del sindicato abertzale LAB, Rafael Díez Usabiaga, la abogada Arantza Zulueta (que habitualmente defiende a presos de ETA en la Audiencia Nacional) y los responsables del partido ilegalizado Juan José Petrikorena y Pernando Barrena.
El auto señala que este jueves "se han producido en distintas localidades del País Vasco y otras adyacentes una pluralidad de hechos delictivos: colocación de artefactos explosivos, inutilización de accesos a locales, interrupción de las vías públicas..., que ha puesto en entredicho no sólo la paz pública, sino el mismo orden constitucional". En este sentido, el juez explica que la jornada, "que se denominaba de 'huelga', sin justificación conocida", excepto "el fallecimiento de Igor Angulo y Roberto Saiz Olmos (personas relacionadas con ETA), no venía avalada por partido político legalmente constituido, y como tal, residente de un interés social constitucionalmente reconocido".
Auspiciada por LAB con el lema "Dispersión asesina"
"Si bien es cierto -precisa el magistrado-, que en cierta medida viene auspiciada por el sindicato LAB, su propio lema Dispersión asesina no encaja suficientemente con los principios que de forma esencial deben regir la actuación de organización de tal naturaleza de los derechos de los trabajadores". Afirma que "buena prueba" de ello es que la huelga fue anunciada por Otegi y Pernando Barrena los pasados días 5 y 7 de marzo, mientras que representantes de LAB se limitaron a apoyar el llamamiento público. La colocación de cuatro artefactos explosivos por parte de ETA, "independientemente de poder conformar un elemento" que prueba el desdoblamiento de frentes de ETA y la consolidación de Batasuna como frente político institucional, obliga al magistrado a tomar declaración a Otegi y los demás imputados citados para la próxima semana, para que aclaren su participación en la jornada que puede hacer que alguno de ellos sea considerado inductor.
El juez añade que tras la diligencia de la próxima semana podrá ampliar el número de procesados que hay en la causa contra Batasuna, que ya suman 41, o la acusación que ya pesaba sobre alguno de los encausados, como el propio Otegi. Grande Marlaska justifica su auto explicando que es el encargado de investigar la financiación de ETA, a través de las herriko tabernas, controladas por Batasuna, por la que el pasado 17 de enero suspendió de nuevo de actividades a la citada formación, porque a pesar de que fue ilegalizada por el Tribunal Supremo en marzo de 2003 seguía convocando actos públicos. El 26 de mayo de 2005, el juez decretó la prisión eludible con fianza de 400.000 euros de Arnaldo Otegi por un delito de integración en organización terrorista.
Conde Pumpido vuelve a cruzarse de brazos
El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, señaló que "todas las cuestiones referidas" a la huelga convocada por la izquierda abertzale "deben ser resueltas por los fiscales de cada territorio", ya que, si bien su labor es la de coordinar, no puede "tomar decisiones sobre asuntos específicos".
Preguntado en Valencia por una posible actuación ante la jornada de movilización reiteró que "el fiscal general coordina la actividad del resto de fiscales, pero no toma decisiones sobre los asuntos concretos y específicos". Esta tarea corresponde a los fiscales "de cada territorio" que son los que, "en función de los informes remitidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o por la Policía Autónoma", deben apreciar si existen hechos delictivos y decidir si abren un procedimiento, explicó Conde Pumpido .
Preguntado en Valencia por una posible actuación ante la jornada de movilización reiteró que "el fiscal general coordina la actividad del resto de fiscales, pero no toma decisiones sobre los asuntos concretos y específicos". Esta tarea corresponde a los fiscales "de cada territorio" que son los que, "en función de los informes remitidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o por la Policía Autónoma", deben apreciar si existen hechos delictivos y decidir si abren un procedimiento, explicó Conde Pumpido .