L D (Europa Press) El PP se quedó solo defendiendo su enmienda de supresión, mientras que ERC sólo reunió el voto de EA en apoyo de sus votos particulares reclamando competencias para la Generalidad en inspección y vigilancia y en la gestión, liquidación y recaudación de las tasas judiciales. Populares y republicanos también coincidieron a la hora de rechazar el pacto alcanzado entre PSOE, CiU, PSC e ICV por el que se otorga a la Generalidad, en el artículo 107, la capacidad para realizar modificaciones en la planta judicial por delegación del Gobierno del Estado.
El acuerdo incluye que la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya reforma está en trámite en el Congreso, incluirá también esta potestad de la Administración catalana, según informaron a Europa Press fuentes de la negociación. El acuerdo final establece que estas modificaciones "podrán corresponder al Gobierno de la Generalitat" y se añade que la Administración catalana "podrá crear secciones y juzgados, por delegación del Gobierno del Estado, en los términos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial". El pacto incluye también una modificación de la rúbrica del artículo 102, del que se elimina la referencia a los "requisitos" para del personal de la Administración de Justicia, ya que lo que establece el proyecto de Estatuto son, como máximo, "méritos", una vez perdida la batalla para que el conocimiento del catalán sea un requisito para jueces y fiscales.
El responsable de Justicia y Libertades Públicas del PP, Ignacio Astarloa, defendió la enmienda de totalidad del PP argumentando que este Título Tercero "consuma las viejas aspiraciones de los partidos nacionalistas" catalanes y de otras comunidades, como el País Vasco, de tener un "Poder Judicial propio, completo y distinto del constitucional". "Enmendamos a la totalidad, desde la primera a la última línea porque todo ello es contrario a la Constitución. Bastaría la aprobación de este Título Tercero para decir que hay un antes y un después en el modelo constitucional".
Lo mismo que se le negó a Ibarretxe
Se trata, dijo, de un "cambio en el modelo de estructura constitucional del Estado" y se pasa de un "poder único con servidores de carácter nacional e independencia del poder político, a un poder fragmentado en 17, con servidores propios y que va en contra de la Constitución, que veda el reparto territorial" de este poder. A su juicio, no se puede reprochar nada a los nacionalistas, que siempre han mantenido esta aspiración, por lo que señaló especialmente a los socialistas, "que hoy votan lo que ayer negaron", pues de hecho ese Poder Judicial propio fue uno de los motivos esgrimidos para no admitir a trámite el llamado Plan Ibarretxe, que "era menos ambicioso" en esta materia. Así, a la "nación, los símbolos nacionales y los derechos históricos se añade una estructura constitucional con un poder judicial propio" y auguró un "proceso imprevisible de inseguridad jurídica, separación y quiebra y conflicto".
Desde el PSOE, el secretario general del grupo parlamentario, Diego López Garrido, rebatió las críticas del PP --lo definió como "partido oportunista y antisistema"-- defendiendo el Título como "impecablemente constitucional" y aseguró que "se avanza en la línea que la Constitución prevé para el Estado de las Autonomías". El dirigente socialista fue más allá y reconoció el papel de Cataluña de "liderar cambios" en el modelo autonómico. López Garrido reprochó al PP que insista en las "mentiras" y las "falacias" y aseguró que "nuestro poder judicial seguirá siendo único, el CGPJ su órgano de gobierno, se fortalecen los tribunales superiores, y se mejora el servicio a los ciudadanos". "Es lo que votaron los españoles el 14-M y lo que el PP no quiere que se cambie", concluyó.
Situó al PP "cogido a una brocha y sin una escalera", por lo que se ofreció a los populares para ayudarles a "bajar a la realidad". Sobre el reconocimiento del catalán como "mérito determinante" para acceder a una plaza judicial en Cataluña, señaló que es "natural y lógico" y recordó que los jueces que ya ejercen en Cataluña "no van a tener una exigencia inmediata e incondicional, pero sí incentivos" para conocer el catalán.
Joan Ridao, de ERC, restó crédito a las críticas de los populares, que considera "epígonos de Goebbels", alegando que, con la etapa del PP, la regulación del Poder Judicial ha derivado hoy en una Justicia "politizada" y un Consejo General "prostituido", con un "ultraconservador y partidista" gobernándola. Para Ridao, hay que "restituir el equilibrio" entre poderes públicos.
CiU: "Consuma nuestras viejas aspiraciones"
Desde CiU, Núria de Gispert sostuvo que este Título "consuma nuestras viejas aspiraciones" en materia judicial con "26 años de retraso". Para Jordi Jané, se trata de una "revolución". De Gispert destacó especialmente el "cambio radical" que supone la consideración del conocimiento del catalán como "mérito determinante". Para Joan Herrera, de ICV, el Estatuto acaba con el "principal ariete" del PP en su estrategia de desgaste al Gobierno del PSOE y que personalizó en el presidente del CGPJ, Francisco José Hernando. Para Herrera, la posición del PP es "ultramontana y de caverna" y sostuvo que los populares "niegan principios básicos instalados en la democracia". Por su parte, Jordi Miralles, EUiA, calificó al PP como "la fuerza del no" y denunció que se instalen en la "descalificación fácil" del texto usando a Cataluña como "escudo de todo".