LD (EFE) En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que se trata de una "una importantísima iniciativa de modernización de nuestro sector de la edificación, que adapta nuestras normas a la normativa comunitaria y a la de los países más avanzados del mundo".
Esta nueva norma, que regulará la construcción de todos los edificios nuevos y la rehabilitación de los existentes, introduce elementos novedosos sobre materiales y técnicas de construcción para lograr edificios más seguros y eficientes desde el punto de vista energético y establece requisitos que abarcan desde la funcionalidad hasta los relativos a la seguridad y habitabilidad.
Esta nueva norma, que regulará la construcción de todos los edificios nuevos y la rehabilitación de los existentes, introduce elementos novedosos sobre materiales y técnicas de construcción para lograr edificios más seguros y eficientes desde el punto de vista energético y establece requisitos que abarcan desde la funcionalidad hasta los relativos a la seguridad y habitabilidad.
Se regulan las exigencias básicas de seguridad en materia de estructuras, incendio, higiene, salud, medio ambiente y ahorro de energía. Además, la nueva norma establece las condiciones que deben cumplir los cimientos y las estructuras de acero, y elimina el vacío reglamentario existente en relación con las estructuras de madera.
En el documento relacionado con la seguridad en los incendios, se establecen medidas para impedir la propagación del fuego, mejorar los sistemas de detección y la resistencia de las estructuras. Otro documento se centra en la prevención y reducción de los accidentes más frecuentes como los derivados de una iluminación inadecuada o de la presencia de vehículos en movimiento.
La parte dedicada la higiene pretende disminuir los problemas causados por la humedad y debidos al mal diseño constructivo, y favorecer el ahorro del agua en los edificios. Este documento regula la calidad del aire y trata los problemas de salubridad y medioambientales ocasionados por la mala gestión y falta de reciclado de los residuos ordinarios.
La parte dedicada la higiene pretende disminuir los problemas causados por la humedad y debidos al mal diseño constructivo, y favorecer el ahorro del agua en los edificios. Este documento regula la calidad del aire y trata los problemas de salubridad y medioambientales ocasionados por la mala gestión y falta de reciclado de los residuos ordinarios.
Obligación de incorporar criterios de eficiencia energética
La parte dedicada al ahorro de energía tiene como objetivo conseguir un uso energético racional y potenciar el uso de las energías renovables. Así, la normativa establece la obligación de incorporar criterios de eficiencia energética y el uso de energía solar, térmica o fotovoltaica en los nuevos edificios o en aquellos que se vayan a rehabilitar.
El aporte obligatorio de energía solar térmica variará entre un 30 por ciento y un 70 por ciento en función del volumen diario de agua caliente previsto. También se establece la contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. Según estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la implantación de estas exigencias supondrán para cada edificio un ahorro energético de entre un 30 y un 40 por ciento y una reducción de emisiones de CO2 de entre un 40 y un 55 por ciento.
Junto al CTE, el Consejo de Ministros aprobó también la creación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación (CSICE), que evaluará el cumplimiento del CTE y se ocupará de su actualización periódica. En este organismo participarán todas las Administraciones Públicas, representantes de los agentes de la edificación y asociaciones representativas de los ciudadanos. También se crea el Registro General del CTE, adscrito a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda, que tendrá carácter público e informativo.
Junto al CTE, el Consejo de Ministros aprobó también la creación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación (CSICE), que evaluará el cumplimiento del CTE y se ocupará de su actualización periódica. En este organismo participarán todas las Administraciones Públicas, representantes de los agentes de la edificación y asociaciones representativas de los ciudadanos. También se crea el Registro General del CTE, adscrito a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda, que tendrá carácter público e informativo.