Ambos decretos ley, que no se tramitarán como proyectos, por lo que no caben modificaciones en el Parlamento, fueron aprobados el pasado 24 de febrero por el Consejo de Ministros con el objetivo de defender el sector energético español ante la OPA de la alemana E.ON sobre Endesa. A partir de ahora, la CNE deberá autorizar cualquier operación que implique la compra de más de un 10 por ciento de una empresa con actividades reguladas (transporte y distribución de gas y electricidad) o cualquier otro porcentaje que conceda "influencia significativa". El organismo regulador podrá denegar la autorización o establecer condiciones si existen "riegos significativos" para las actividades reguladas o para proteger el "interés general".
La CNE deberá velar especialmente por los activos considerados estratégicos, los que afectan a la seguridad del suministro. El ministro de Industria, José Montilla, explicó que la ampliación de las competencias de la CNE era necesaria por la "insuficiencia" de la legislación vigente. Hasta ahora, la CNE sólo podía analizar las operaciones de concentración cuando la empresa compradora desarrollaba actividades reguladas. Montilla defendió el recurso a la figura del Real Decreto-Ley, que exige urgente necesidad, para que los agentes económicos "dispongan de perspectivas claras".
El ministro reiteró que, mientras no existan reglas comunes en la Unión Europea (UE), es " preferible que se haga respetar el interés" del país. El diputado popular Miguel Arias Cañete calificó el Real Decreto-Ley de "disparate jurídico" y dijo que es "innecesario" y "vulnera" el Derecho comunitario y la Constitución española. En este punto, recordó la intención del PP de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional y se mostró comprensivo con la decisión de Bruselas de abrir un procedimiento de infracción a España. Arias Cañete acusó al Gobierno de favorecer la OPA de Gas Natural y de provocar "el desplome del prestigio económico internacional" de España.
El representante de CiU, Josep Sánchez Llibre, mostró su apoyo a la iniciativa del Gobierno para evitar la "fuga" a otros países de centros de decisión económica. En línea con lo expresado por Montilla, el diputado catalán explicó que, al no existir una política energética comunitaria, "es legal plantear una iniciativa de este calado". El diputado de ERC Joan Puigcercós respaldó también la iniciativa por la necesidad de controlar a los grandes grupos empresariales y defender el interés general.
El portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, abundó en la tesis defendida por CiU y aseguró que la actuación del Gobierno es "legítima y razonable" mientras no existan normas comunes en la UE. No obstante, indicó que la modificación de las funciones de la CNE ha sido "improvisada y un tanto chapucera". El diputado del BNG Francisco Rodríguez señaló que la iniciativa forma parte de la "ofensiva legítima" del Ejecutivo para obstaculizar la OPA de E.ON, una operación que consideró "contraria a los intereses generales".
El Real Decreto-Ley que modifica el funcionamiento del mercado eléctrico mayorista contó con el respaldo de PSOE, CiU, IU-ICV y BNG, mientras que el PNV se abstuvo y el PP votó en contra. Esta norma obliga a las empresas generadoras y distribuidoras del mismo grupo a suscribir contratos bilaterales para efectuar sus intercambios de electricidad. Además, permite descontar de la retribución de las eléctricas el coste de los derechos de emisión concedidos gratuitamente por la Administración.
El titular de Industria subrayó que los objetivos de esta modificación son "proteger el interés de los consumidores, profundizar en la competencia y mejorar la transparencia". Montilla aseguró que la entrada en vigor del Real Decreto-Ley ha permitido atajar el déficit de tarifas y las subidas injustificadas de precios en el mercado mayorista. De hecho, el precio ha pasado de 70,57 euros por megavatio/hora el 1 de marzo a 51,14 euros por megavatio/hora el día 15, un descenso superior al 27 por ciento.
Montilla explicó que esta modificación será transitoria, ya que se abordará una reforma del mercado mayorista que pondrá el acento en los contratos bilaterales. El ministro avanzó también que el próximo Plan de Asignación de Derechos de Emisión tendrá en cuenta lo ocurrido. Desde el Grupo Popular, Vicente Martínez-Pujalte dijo que el Real Decreto-Ley "llena de incertidumbre el marco regulatorio" y "pone en riesgo" las inversiones y el futuro del sector energético. En su opinión, se trata de una norma "intervencionista", "inoportuna" y "arbitraria" porque beneficia a unos, a Gas Natural, y perjudica al resto de las eléctricas.
Sánchez Llibre expresó el apoyo de CiU pero con "reservas", ya que pone en duda los efectos de la nueva norma en las inversiones y la calidad del suministro. Puigcercós hizo hincapié también en la necesidad de poner coto a "un déficit tarifario alarmante", pero reclamó un cambio normativo mas amplio. Pedro Azpiazu admitió que la modificación presenta "aspectos positivos" pero criticó su "improvisación" y la falta de un diálogo previo con las eléctricas. Por ello, el PNV anunció su abstención salvo si la norma se tramitaba como Proyecto de Ley. Francisco Rodríguez incidió también en el déficit tarifario y en la necesidad de recortar el poder de maniobra de las grandes eléctricas.