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La Generalidad intenta cerrar en falso la última polémica del tripartito por las cartas financieras ERC

El Gobierno de la Generalidad dio este martes por "cerrada" la polémica generada por la exigencia de ERC del pago de cuotas a cargos de designación política y funcionarios bajo amenaza de despido por considerar que en ningún caso se ha traspasado la "frontera" entre Gobierno y partido, según explicó el portavoz del Ejecutivo, Joaquim Nadal.  CiU ha denunciado "amenazas" y presiones para tapar denuncias de posibles afectados. El PPC considera que el tripartito está "instalado en la crisis permanente".

L D (Agencias) Para Nadal, "cualquier intento de seguir insistiendo en una línea insidiosa en esta materia es querer hacer daño al Gobierno tripartito en un ámbito que no corresponde", más aún cuando "no se conoce ningún caso" de supuesto despido por incumplir con la carta financiera de ERC. Para el Gobierno catalán, "hay una frontera no traspasable, la que establece la independencia entre decisiones de gobierno y de partido, teniendo en cuenta que cuando hay coincidencia entre militancia, simpatizante y posibilidad de cotizar, ésta se produce directamente al partido, como es el caso de prácticamente todos los partidos que conocemos".
 
Sobre la dualidad de funciones del secretario general del primer consejero y responsable de organización y finanzas de ERC, Xavier Vendrell, Nadal aseguró que "no lo hemos discutido", pese a que el consejero de Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, había manifestado públicamente la necesidad de que Vendrell dejara una de sus responsabilidades. Nadal admitió la "coincidencia delicada" de los cargos pero señaló que "corresponde al ámbito del señor Vendrell ser muy consciente de que debe delimitar perfectamente cuándo actúa como secretario de organización y cuándo de secretario general del Gobierno".
 
En rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, que se celebró por primera vez en Girona, Nadal manifestó que "la relación de los partidos con sus militantes y simpatizantes corresponde a la esfera de los partidos y no puede interferir en la esfera gubernamental". En esta línea, añadió que "cualquier cotización corresponde a la esfera de militante o simpatizante". En este sentido, el portavoz admitió que los cargos del Gobierno, "naturalmente tienen en muchos casos una afinidad política", pero subrayó que su vinculación con el puesto en el Gobierno "viene determinada por capacidad, competencia e idoneidad en relación con el lugar que ocupan".
 
Igualmente, añadió que "el gobierno es garante de que nadie será separado de su puesto de trabajo por una cuestión que no corresponda estrictamente con la esfera gubernamental" y aseguró que "en ningún paso esto ha pasado" y "la frontera no ha sido traspasada". Según Nadal, "a día de hoy, el Gobierno no conoce ningún caso, y entiende que no hay ningún caso" en que se haya despedido a nadie por motivos partidistas y aseguró que si se produjera, "por error, un ir más allá o traspasar la frontera estricta de cotización a partido por militantes y simpatizantes, el Gobierno debería ejercer su garantía".
 
CiU quiere que se investigue
 
Sin embargo, desde CiU, el portavoz parlamentario de CiU, Felip Puig, ha explicado que ha remitido sendas cartas al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, la directora de la Agencia Catalana de Protección de Datos, Esther Mitjans, y el conseller de Gobernación, Joan Carretero, para pedirles que intervengan para "defender los derechos de trabajadores".

CiU quiere que el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) "garantice la protección a los trabajadores que se hayan sentido amenazados o estén bajo un régimen de miedo", mientras que la Agencia de Protección de Datos debería "analizar si puede haber habido un uso fraudulento de datos protegidos por la ley" en el envío de cartas a trabajadores de la Generalidad por parte de ERC, a la que ha acusado de querer actuar como una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) dentro del gobierno.

En cuanto al conseller de Gobernación, CiU le pide que, como máximo responsable de la función pública catalana, inste al cuerpo de inspectores de la función pública que dependen de su consejería a intervenir, "desde el criterio de que se han vulnerado las relaciones laborales y los mecanismos y las garantías de la administración de la Generalitat" y, además, "convoque urgentemente la mesa de la función pública de Cataluña y se aborde este caso". "Si ha habido gente que ha visto restringidas sus posibilidades de promoción laboral y profesional, si ha habido gente que ha visto extinguida su relación laboral, ¿cómo se quiere que en el momento en que todo esto ha aflorado no haya aún más amenazas para que no haya nadie que lo denuncie?", ha alertado.

El portavoz del grupo de ICV-EUiA, Joan Boada, ha insistido en que se debe investigar la polémica y ha acusado a ERC de "salpicar a todo el mundo" con sus reacciones en la polémica. Boada ha remarcado que "desde ICV lo que sea ha dicho es que no era ni justo ni equilibrado que el secretario de Presidencia y secretario de organización de ERC fuera quien firmara las cartas dirigidas a personas de la administración, fueran o no militantes de ERC, nada más". A juicio de Boada, debe saberse "si ha habido consecuencias negativas para quien se ha negado a cumplir lo que decía la carta", y a partir de ahí, "si no ha pasado nada, estupendo; si ha pasado, se han de asumir responsabilidades".

Sirera denuncia un gobierno "instalado en la crisis permanente"

El portavoz adjunto del PPC, Daniel Sirera, ha acusado a Vendrell, de "hacer callar a la oposición" y de tener "tics antidemocráticos y autoritarios", después de que Vendrell lamentara la participación de la oposición en una campaña de "asedio" a ERC. En rueda de prensa en el Parlament, Sirera aseguró que es "absolutamente impresentable" que Vendrell se pregunte "cómo hacer para que algunos dirigentes, entre ellos yo, nos callásemos de una vez y dejásemos trabajar tranquilo al tripartito".

"Estamos ejerciendo un derecho constitucional de control del gobierno", señaló Sirera en respuesta a las declaraciones de Vendrell, quien horas antes había opinado que "nos han hecho pelear entre distintos departamentos del gobierno" y se había preguntado: "¿Por qué no nos dejan gobernar tranquilos?". Sirera opinó además que "todo el mundo coincide en el hecho de que Vendrell no puede continuar con sus responsabilidades", y precisó que no sólo se refería a la oposición, sino también a "miembros destacados del gobierno tripartito". En opinión del portavoz del PP, el tripartito catalán es un gobierno "instalado en la crisis permanente", y para demostrarlo ha detallado las "crisis" abiertas en el seno del gobierno catalán -más de una quincena, según el PPC- desde el inicio de la legislatura.

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