L D (Europa Press) En declaraciones a Europa Press, el SUP propone que al juzgar determinados delitos se establezca "un vínculo" entre la reinserción y la reparación del daño causado y que, en caso de que el Estado considere que el delincuente se puede reinsertar pero no puede hacer frente a la reparación del daño, que asuma el coste del mismo como responsable civil subsidiario. El Sindicato se queja de que, por ejemplo, en un delito de violación, el agresor puede ser condenado a siete u ocho años de prisión, durante los cuales puede estudiar y reinsertarse, pero, sin embargo, "¿quien se preocupa si la víctima no se recupera en varios años o nunca?", se preguntó el máximo responsable del SUP.
Gallizo lanzó en el discurso de este año con motivo de la festividad de La Merced, patrona de la institución, que había llegado el momento de que la sociedad moderna "supere" la idea de que todos los que infringen las normas penales deben ir a la cárcel. La directora de Prisiones enmarcó este comentario en el problema de 'sobre-ocupación' que viven las cárceles españolas y en su dificultad para solucionar el problema a corto o medio plazo. En este sentido, Sánchez Fornet le recordó que "si hay más reclusos es porque se cometen más delitos y eso significa que hay también más víctimas, de las que, por cierto, casi nadie se acuerda".
Para el SUP, el modo de reducir la ocupación de las cárceles es la redacción de una legislación "punitiva" que sea disuasoria para los delincuentes. En este sentido, Sánchez Fornet recurrió al ejemplo reciente de una llamada interceptada por la Policía en la que un ciudadano de un país de la Europa del Este relataba a un compatriota cómo había robado un coche sin permiso de conducir, había intentado huir de la Policía y, tras ser detenido, en 24 horas estaba en libertad. "Sus interlocutores no lo creían. El delincuente les animaba a venir a España a 'trabajar'. No es un ejemplo sino un hecho real", afirmó.
"No se enteran de por dónde va el mundo"
Durante su alocución en el Día de la Merced, en presencia del ministro del Interior, José Antonio Alonso, Gallizo abogó porque muchas de las condenas que en la actualidad implican prisión "evolucionen" hacia otras formas de limitación de libertad más adecuadas al principio de rehabilitación, resultando menos perjudiciales para los condenados y sus familias. "Esa señora es una de esas que yo califico como yuppie progresista, roja de salón o 'socialista', pero por 'socialisto'. No se enteran de por dónde va este mundo, viven en el siglo pasado, y así nos va a ir", le ha replicado el líder del SUP.
Si Gallizo continúa defendiendo esta idea, como ha hecho recientemente en sede parlamentaria, está diciendo, según Sánchez Fornet, a asesinos, atracadores y demás delincuentes que "le va a dejar en casa con una pensión". "No está en este mundo (por Gallizo). Nos estamos acercando a Europa en temas de delitos a pasos agigantados y es gracias a declaraciones como las de esta persona, que no se entera. No vale para el sitio donde está", sentenció el secretario general del SUP. Las medidas que defiende la directora general para sustituir a la cárcel, como las pulseras telemáticas, pueden ser útiles para determinado tipo de delincuente, según el SUP, pero no para terroristas, otros asesinos, nacotraficantes, violadores, proxenetas, estafadores y pederastas, entre otros.
El Código Penal del 95, un "ejemplo de lo que no se debe hacer"
Según el secretario genera del Sindicato, el Código Penal de 1995 constituye "un ejemplo de lo que no debe hacerse", al reducir el plazo de prescripción del delito de encubrimiento de los cinco a los tres años. "¿Quienes se han beneficiado? Ciudadanos ejemplares como Robert Graham, presuntamente implicado en los crímenes de Sonia Carabantes y Rocio Wanninkhof. ¿Cómo se ha beneficiado de esto la sociedad española? ¿Las leyes son para proteger a las víctimas o para dar coartadas y salvar a los criminales?", se preguntó Sánchez Fornet.
En esta línea, el SUP se vuelve a declarar a favor de la reforma penal que el Gobierno del PP estableció en la Ley Orgánica 7/2003, de endurecimiento de las condenas, "porque en España corremos el riesgo de convertirnos en el paraíso de la delincuencia en Europa", afirmó el secretario general, quien se apoyó en los datos ofrecidos por la directora de Prisiones en el Congreso: la media de internos en España es de 141 por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea está en 130. "No hay en España nadie en prisión sin garantías jurídicas superiores a las de cualquier país europeo, porque nuestras leyes son incluso más garantistas", explicó.