El 2 de marzo de 2005, Pascual Maragall acusó al anterior Gobierno de la Generalidad, de CiU, de cobrar el 3% de comisión en todas las adjudicaciones de obras.
Tampoco se conoce ninguna iniciativa del Ministerio Fiscal para esclarecer la condonación de un préstamo de 6 millones de euros de La Caixa al PSC, cuando el responsable de financiación de este partido era José Montilla, hoy ministro de Industria empeñado en que Gas Natural –participada por La Caixa – se haga con el control de Endesa.
El hundimiento de viviendas en el barrio de El Carmelo, en Barcelona, por el efecto de unas obras subterráneas promovidas por la Generalidad, la prosperidad de organizaciones mafiosas de la Europa del Este –un hecho reconocido por el Fiscal General del Estado, el pasado 20 de enero – en negocios urbanísticos y turísticos de municipios del sur de Tenerife y de Gran Canaria gobernados por el PSOE, o iniciativas como las de Manos Limpias, en Cataluña, y de una Asociación de Músicos de Sabadell, para que se investigue la financiación de CiU y PSC, carecen de una respuesta del aparato policial y judicial del Estado tan diligente y vistosa como la que están recibiendo otros casos.
Con todo, la denuncia más grave contra un cargo público socialista la hizo el 14 de mayo de 2004 José Carlos Mauricio, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad canaria, antiguo portavoz de CC en el Congreso. Mauricio retó al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, a que explicara sus vínculos con un grupo de empresarios de las Islas liderado por el antiguo consejero socialista de Política Territorial del Gobierno de Canarias, José Francisco Henríquez, que, según acusó Mauricio, se dedica a la extorsión de políticos y empresarios. Un quintal de silencio cayó, desde entonces, sobre aquella denuncia, al igual que ocurrió con la que Maragall hizo sobre el 3%.
Las detenciones de Marbella y Canarias, y las investigaciones abiertas sobre gobernantes del PP en otras comunidades, diputaciones y ayuntamientos son el resultado de la política de expansión selectiva de la Fiscalía Anticorrupción decidida por el Gobierno, nada más llegar al poder. El Fiscal General del Estado definía el 30 de junio de 2004, pocos días después de tomar posesión de su puesto, el “fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción” como uno de los objetivos de su mandato.
Antes que Conde Pumpido, el ministro López Aguilar había anunciado que la lucha contra la corrupción política sería una de las señas de la gestión del Gobierno socialista, a pesar de que la corrupción había dejado de ser una preocupación para los españoles desde que el PSOE abandonó el Gobierno, en 1996, según apuntaban todos los barómetros de opinión.
El 25 de abril de 2004, pocos días después acceder al cargo, el ministro de Justicia sostuvo que Canarias es un caso paradigmático de “connivencia de empresarios y políticos” y se comprometió a poner el Estado manos a la obra en la limpieza de las instituciones autonómicas y locales. Hace quince años que el PSOE no gobierna en esta Comunidad Autónoma, que, junto con Madrid, se ha convertido en una de las plazas prioritarias del PSOE en 2007, según admitió el secretario de Organización, José Blanco, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press. De hecho, Ferraz quiere a López Aguilar como su candidato en Canarias. Las detenciones de altos cargos del PP –un ex director general de Industria, por un supuesto cobro de comisiones en la adjudicación de parques eólicos; y la concejal de Urbanismo de la ciudad de Telde, también, supuestamente, por cobrar comisiones en la adjudicación de obras – sólo pueden beneficiar al candidato socialista, que, además, se presentaría con el prestigio de haber emprendido una cruzada contra la corrupción, desde su puesto de ministro de Justicia.
El 27 de diciembre de 2004, López Aguilar situó en Madrid, Baleares, Canarias, Valencia y Málaga los bastiones del crimen organizado en España. En unas declaraciones que, entonces, hizo al periódico La Provincia, el ministro de Justicia calificó de “preocupante” la actividad mafiosa en estos territorios. El vínculo entre ellos es que en ninguno gobierna el PSOE y, en casi todos, lo hace el PP. Según el ministro, ha aumentado en ellos una criminalidad organizada que produce “cantidades ingentes de dinero negro, fundamentalmente hacia la actividad urbanística” y tiene “consecuencias sobre el control de regularidad del comportamiento de los poderes públicos”.
En estas declaraciones del 27 de diciembre de 2004, ya había un claro programa de las operaciones que se han puesto en marcha desde el pasado mes de febrero. Desde un punto de vista estrictamente electoral, las detenciones tienen un doble valor: confirman, retrospectivamente, el análisis del ministro, y presentan al PSOE como una alternativa regeneracionista allí donde no consigue ganar elecciones.
Otros elementos refuerzan el análisis de la sintonía entre la estrategia del PSOE y la acción de la Fiscalía Anticorrupción. El nombramiento de los fiscales delegados en las nuevas plazas de expansión de este órgano (Baleares, Canarias, Valencia y Málaga) no siguió criterios profesionales, sino de discrecionalidad política del Fiscal General del Estado. En Canarias, el nombramiento de Luis del Río provocó la protesta de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en esta Carrera. Según denunció esta asociación profesional, el Consejo Fiscal había propuesto a otro candidato situado, en el ránking de méritos objetivos de la Carrera, más de 800 puestos por delante de Luis del Río. Pero el Fiscal General del Estado desoyó el dictamen no vinculante del Consejo e impuso a este asociado de la Unión Progresista de Fiscales, que está cumpliendo eficazmente con su misión de perseguir con gran despliegue mediático a políticos implicados en supuestos casos de corrupción. Hasta ahora, su iniciativa se ha centrado en altos cargos del PP, a pesar de que el PSOE gobierna en los municipios turísticos de Canarias donde, según admitió el Fiscal General del Estado el pasado mes de enero, se han establecido con éxito organizaciones mafiosas de Europa del Este, al calor de pingües oportunidades en el negocio del Time Sharing, altamente dependiente de la discrecionalidad municipal.