LD (EFE) El acuerdo añade al texto una nueva disposición adicional, la decimotercera, en la que se establece que el Estado cederá competencias normativas, es decir margen para subir o bajar los tipos, "en el IVA en las operaciones efectuadas en fase minorista cuyos destinatarios no tengan la condición de empresarios o profesionales y en la tributación en fase minorista de los productos gravados por los Impuestos Especiales de Fabricación".
La norma prevé que la cesión se hará "en el marco de las competencias y de la normativa de la UE", lo que obligará al Gobierno a negociar en Europa, donde no hay precedentes de ese tipo de cesión. Para conseguirlo, deberá lograr la unanimidad de los Estados miembros. La posibilidad de ceder capacidad normativa sobre estos impuestos a Cataluña será extensible, de lograrse, al resto de las CCAA a través de un nuevo modelo de financiación autonómica, ya que el Gobierno ha insistido en que los principios de financiación recogidos en el Estatut serán generalizables a todas las autonomías.
La cesión de capacidad normativa en este tributo se enmarca en la política del Gobierno de dotar a las comunidades de mayores responsabilidades a la hora de subir o bajar determinados impuestos como ya se hizo en el acuerdo alcanzado hace unos meses para paliar el déficit de la financiación sanitaria con los tributos que gravan la electricidad, la gasolina o las matriculaciones.
El texto articulado del acuerdo sobre el Estatuto introduce otras novedades que serán de aplicación a todas las comunidades autónomas, como la gestión del catastro mediante consorcios en los que participarán el Estado, la Comunidad Autónoma y los municipios. También se abre la posibilidad de que cada comunidad cree sus propios órganos económico-administrativos para revisar por vía administrativa las reclamaciones que los contribuyentes puedan presentar contra actuaciones de la Agencia Tributaria autonómica, que gestionará sólo los impuestos propios y los cedidos por el Estado.
De ese modo se evitará que ese tipo de reclamaciones administrativas y previas a la vía judicial deban resolverse en el Tribunal Económico Administrativo estatal aunque se refieran a impuestos autonómicos como viene sucediendo hasta ahora.
La norma prevé que la cesión se hará "en el marco de las competencias y de la normativa de la UE", lo que obligará al Gobierno a negociar en Europa, donde no hay precedentes de ese tipo de cesión. Para conseguirlo, deberá lograr la unanimidad de los Estados miembros. La posibilidad de ceder capacidad normativa sobre estos impuestos a Cataluña será extensible, de lograrse, al resto de las CCAA a través de un nuevo modelo de financiación autonómica, ya que el Gobierno ha insistido en que los principios de financiación recogidos en el Estatut serán generalizables a todas las autonomías.
La cesión de capacidad normativa en este tributo se enmarca en la política del Gobierno de dotar a las comunidades de mayores responsabilidades a la hora de subir o bajar determinados impuestos como ya se hizo en el acuerdo alcanzado hace unos meses para paliar el déficit de la financiación sanitaria con los tributos que gravan la electricidad, la gasolina o las matriculaciones.
El texto articulado del acuerdo sobre el Estatuto introduce otras novedades que serán de aplicación a todas las comunidades autónomas, como la gestión del catastro mediante consorcios en los que participarán el Estado, la Comunidad Autónoma y los municipios. También se abre la posibilidad de que cada comunidad cree sus propios órganos económico-administrativos para revisar por vía administrativa las reclamaciones que los contribuyentes puedan presentar contra actuaciones de la Agencia Tributaria autonómica, que gestionará sólo los impuestos propios y los cedidos por el Estado.
De ese modo se evitará que ese tipo de reclamaciones administrativas y previas a la vía judicial deban resolverse en el Tribunal Económico Administrativo estatal aunque se refieran a impuestos autonómicos como viene sucediendo hasta ahora.