LD (EFE) El pasado 21 de marzo, la titular del juzgado de lo mercantil número 3 de Madrid, Miriam Iglesias, dictó un auto en el que ordenaba suspender de forma cautelar la tramitación de la OPA formulada por la compañía gasista, siempre que Endesa aportara una fianza de mil millones para cubrir los eventuales daños derivados de esa medida.
La eléctrica había pedido medidas cautelares mientras el juzgado investigaba un presunto pacto colusorio (concertación previa) entre Gas Natural e Iberdrola denunciado por Endesa. Las dos empresas habían suscrito un acuerdo de compraventa de activos supeditado al éxito de la OPA.
El 27 de marzo, Endesa preguntó a la juez si estaba dispuesta a aceptar otras formas de garantía distintas al aval, pero la respuesta fue negativa. Un día después, la eléctrica comunicó al juzgado su intención de recurrir el importe del aval ante la Audiencia Provincial de Madrid, recurso que ha formalizado ahora. A pesar de su intención de recurrir, Endesa depositó el pasado 4 de abril en el juzgado tres avales por importe de mil millones: uno del BBVA, de 500 millones, otro del Santander, de 250 millones, y un tercero de Banesto, también de 250 millones. La juez entendió que los avales cumplían lo exigido en el auto del 21 de marzo y procedió a hacer efectiva la suspensión de la OPA.
Las otras dos empresas afectadas, Gas Natural e Iberdrola, también han comunicado al juzgado que recurrirán el auto, al entender que no ha existido concertación previa entre ambas. El pasado viernes, la Sala Tercera del Tribunal Supremo decidió suspender de forma cautelar el acuerdo del Consejo de Ministros que autorizó con condiciones la opa de Gas Natural, pero fijó una fianza de mil millones. Aunque el auto del Supremo aún no se ha redactado, fuentes jurídicas consideran que Endesa no necesitará aportar un segundo aval, ya que bastará con el constituido a petición del juzgado de lo mercantil número 3 de Madrid.
La eléctrica había pedido medidas cautelares mientras el juzgado investigaba un presunto pacto colusorio (concertación previa) entre Gas Natural e Iberdrola denunciado por Endesa. Las dos empresas habían suscrito un acuerdo de compraventa de activos supeditado al éxito de la OPA.
El 27 de marzo, Endesa preguntó a la juez si estaba dispuesta a aceptar otras formas de garantía distintas al aval, pero la respuesta fue negativa. Un día después, la eléctrica comunicó al juzgado su intención de recurrir el importe del aval ante la Audiencia Provincial de Madrid, recurso que ha formalizado ahora. A pesar de su intención de recurrir, Endesa depositó el pasado 4 de abril en el juzgado tres avales por importe de mil millones: uno del BBVA, de 500 millones, otro del Santander, de 250 millones, y un tercero de Banesto, también de 250 millones. La juez entendió que los avales cumplían lo exigido en el auto del 21 de marzo y procedió a hacer efectiva la suspensión de la OPA.
Las otras dos empresas afectadas, Gas Natural e Iberdrola, también han comunicado al juzgado que recurrirán el auto, al entender que no ha existido concertación previa entre ambas. El pasado viernes, la Sala Tercera del Tribunal Supremo decidió suspender de forma cautelar el acuerdo del Consejo de Ministros que autorizó con condiciones la opa de Gas Natural, pero fijó una fianza de mil millones. Aunque el auto del Supremo aún no se ha redactado, fuentes jurídicas consideran que Endesa no necesitará aportar un segundo aval, ya que bastará con el constituido a petición del juzgado de lo mercantil número 3 de Madrid.