LD (Europa Press) La oficina del Defensor del Pueblo ha recibido 917 quejas de españoles de Cataluña contra medidas de política lingüística y educativa aplicadas por el Gobierno de la Generalidad. En una entrevista concedida a Europa Press, Enrique Múgica ha explicado que, de las citadas quejas, 867 están relacionadas con las Oficinas de Garantías Lingüísticas, y el resto, se refieren a la enseñanza. "Son problemas importantes", comenta.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo se pregunta por la lealtad constitucional que hay en los partidos mayoritarios del País Vasco y Cataluña y subraya la importancia de considerar también como memoria histórica la Constitución de 1978, superadora a través de un gran consenso, de guerras civiles y represiones sanguinarias.
Múgica indica que la institución que dirige cuenta con un grupo que está estudiando "a fondo" el nuevo Estatuto de Cataluña, con la cooperación de catedráticos de derechos constitucional y administrativo, para que dictaminen. Recordó que antes de que el proyecto de reforma fuese aprobado por el Parlamento catalán, el texto fue examinado por el Consejo Consultivo, que integran magistrados y catedráticos.
"Y hay elementos del Estatuto sobre los que se pronunciaron los miembros del Consejo insistiendo en la inconstitucionalidad de algunos artículos –señala–. Tenemos que ver cómo a lo mejor, artículos de ese Estatuto a los que se ha atribuido inconstitucionalidad pueden ser aprobados por las Cortes", explicó.
A su juicio, existen "problemas muy importantes, no sólo en relación a los criterios de libertad e igualdad, sino también en relación a los del propio grupo selecto que constituye el Consejo Consultivo, elegidos a su vez por el Parlamento de Cataluña", zanja. Preguntado a qué asuntos concretos se refería, se limita a responder: "No le puedo anticipar. Sólo le puedo decir que ahí puede haber otros asuntos".
El Defensor del Pueblo subraya su "legitimidad" para interponer un recurso de inconstitucionalidad "cuando son menoscabadas las libertades fundamentales".
Aunque señaló que no le parecía "serio" dar su "opinión" sobre el Estatuto, avisó de que si en ese texto "hay menoscabo a la libertad, y sobre todo a la igualdad", esto es, "si produce desigualdad entre los ciudadanos catalanes y los ciudadanos españoles residentes en Cataluña o los ciudadanos españoles residentes en otras Comunidades Autónomas", cumplirá lo que debe "cumplir".
917 quejas de “españoles en Cataluña”
Múgica explicó que a su institución, en lo que va de año, en concreto hasta el mes de abril, han llegado 917 quejas de "ciudadanos españoles en Cataluña".
"Como no creo en la co-soberanía, como dice alguien que el Estatuto parte de la relación entre la soberanía de Cataluña y la soberanía de España, quiero concretar que se trata de ciudadanos españoles en Cataluña", comenta, en clara alusión al presidente de la Generalitat, el socialista Pascual Maragall. "A veces –comenta, refiriéndose a su correligionario y presidente de la Generalidad–, se pasa de la socialdemocracia al social-liberalismo y otras veces, al social-nacionalismo".
En cualquier caso, Múgica precisa que de las citadas quejas, 867 están relacionadas con las Oficinas de Garantías Lingüísticas y el resto se refieren a la enseñanza. "Son problemas importantes", señala.
Explica que, ante un eventual recurso, esperará a tener el texto aprobado y que deberán tenerse en cuenta varios elementos: el artículo 3 de la Carta Magna, que "proclama que todos los españoles tienen el deber de aprender el español y el derecho de usarlo"; y las leyes de normalización lingüística. "Tendremos que estudiar si la normativa sobre el catalán supera y llega más allá de las dos leyes de inmersión lingüística", señala.
Memoria histórica del 78
Respecto al debate sobre el modelo territorial que actualmente hay en España, afirma "con cautela" que "por el momento, aporta elementos no positivos", poniendo el acento en la importancia de considerar también como "memoria histórica" de los españoles el pacto constitucional de 1978, en el que se superó la guerra civil a través del consenso.
En este sentido, Enrique Múgica afirma: "Forma también parte ya de la memoria histórica de nuestro país lo que sucedió hace 30 años. Los españoles nos dimos una Constitución que era la superación de las divisiones internas, de las luchas terribles, de las guerras civiles, de la represiones sanguinarias. Y se hizo una Constitución de todos y para todos, en la que estaban todos los partidos, todos los grupos sociales, todas las opiniones, desde un gran consenso".
A su juicio, el "elemento negativo" es que "se ha roto el consenso" al que se debe "lo mejor" de la "reciente memoria histórica". Así, incidió en que para hacer "cambios importantes" se "debe recurrir al consenso".
Por otra parte y en cuanto a la necesidad de fijar el techo de las competencias para transferir del Estado, Múgica defendió que "un Estado democrático debe ser fuerte". "Si el Estado dispone para gasto público sólo un 23 por ciento de recursos generales, ¿cómo vamos a hacer un Estado fuerte?", se pregunta.
Lealtad constitucional de nacionalistas vascos y catalanes
El Defensor del Pueblo asegura no estar "ni en contra ni a favor" de un Estado federal. "Pero en un Estado federal es fundamental la lealtad constitucional", avisó. "¿Realmente podemos decir que existe lealtad constitucional en dos de las comunidades más importantes de España, como son Cataluña y País Vasco? –pregunta– ¿Existe lealtad constitucional en partidos mayoritarios allí?"
A su juicio, ese es el "problema". "Está bien de palabrerías", se queja. "Vamos a lo fundamental y, a través de converger en lo fundamental, podremos acometer todas las reformas que se quieran pero vamos a ser fundamental en lo fundamental: en España como nación y un Estado fuerte democrático que garantice el ejercicio de los derechos", concluye.