(Libertad Digital – Víctor Gago) Los hechos probados por la Audiencia de Madrid sobre las detenciones ilegales de Isidoro Barrios y María Antonia de La Cruz el 25 de enero de 2005 ilustran sobre los métodos arbitrarios y abusivos de tres jefes policiales que tuvieron contacto directo con Constantino Méndez mientras "construían las responsabilidades" –en expresión de José Blanco– que dieron lugar a las detenciones, pero que, paradójicamente, mintieron, ocultaron información e ignoraron al jefe superior de Policía, en el transcurso de su persecución de un jubilado y un ama de casa con carnet del PP. Fernández Rancaño se enteró de las detenciones por una llamada del delegado del Gobierno.
En su declaración ante el juez, el 27 de mayo de 2005, Miguel Ángel Fernández Rancaño admitió que se había enterado por el delegado del Gobierno, cuando los detenidos ya habían sido puestos en libertad.
Rodolfo Ruiz, comisario jefe de la Brigada de Información, Javier Fernández, inspector jefe de la misma Brigada, y José Luis González, inspector, se ocuparon de poner en bandeja las detenciones al Gobierno, a sus espaldas. El caso descubre la existencia de una policía dentro de la Policía, que actúa al margen de la ley y de la cadena de mando, pero en estrecho contacto con el poder del Gobierno del PSOE.
Ruiz, que fue comisario de Vallecas en cuyas dependencias apareció la llamada mochila del 11-M, se comunicó con el delegado del Gobierno durante el curso de la fabricación de dos detenidos, pero no con su jefe.
El lunes 24 de enero de 2005, cuando siete agentes que protegieron a Bono durante la manifestación, más el instructor del atestado, ya habían concluido que no hubo agresión y que era imposible identificar a nadie con esa intención entre las personas que rodearon al ministro Bono en la manifestación de la AVT, Rodolfo Ruiz informó a Constantino Méndez sobre las pesquisas, algo que permitió al delegado anunciar ante la Prensa que: "Pronto habrá identificaciones y detenciones porque se cuenta con suficientes indicios en la investigación policial".
El expediente decía todo lo contrario, es decir, que no había indicios de nada, ni de agresión ni de agresores. Así que, o bien Méndez se lo inventó, o bien se basó en lo que le había contado el comisario jefe de la Brigada de Información.
El jefe en Babia
Su jefe Rancaño ignoraba, a esas alturas, casi todo sobre el caso. Había recibido una llamada de uno de los condenados, el inspector jefe Javier Fernández, durante la noche del 22 de enero, horas después de que hubiese concluido la manifestación de la AVT. Al día siguiente, la llamada fue de Constantino Méndez, que le pedía opinión sobre el asunto.
"En principio es un tema sencillo, porque es en vía pública, con muchos testigos, y estaba grabada por multitud de medios, por lo que se podrá esclarecer", le dijo Fernández Rancaño al delegado del Gobierno. La certeza del jefe de Policía se basaba en los datos que le había facilitado Javier Fernández en la noche del 22 de enero, horas después de la manifestación. Y esos datos señalaban que el caso no daba para mucho: agobio, algún que otro insulto, presión sobre los escoltas y poco más.
Para Rancaño, el caso era fácil de aclarar porque no había nada que aclarar. Eso es lo que transmitió al delegado, y por eso no volvió a saber más del caso hasta la noche del martes 25 de enero, cuando el Gobierno y el PSOE ya tenían a sus detenidos para hostigar al PP y a la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Estaba claro que Rancaño no iba a colaborar.
Cuando el jefe superior de Policía de Madrid declaró ante el juez que no recibió "ninguna llamada interesándose por los hechos, ni por parte del señor Bono, ni por parte de ningún ministerio, ni por parte de nadie", dijo toda la verdad y nada más que la verdad. En efecto, nadie lo llamó porque todos los que se interesaron en que hubiera detenciones actuaron a sus espaldas.
El testimonio de Fernández Rancaño ante el juez expresa una autoridad débil y desinformada, frente a un aparato policial poderoso e intrigante, que opera por debajo de la Ley y por encima de sus superiores jerárquicos. No es la primera vez en que se tiene noticia de una policía dentro de la Policía, que actúa bajo una inspiración política concreta, pero sí es la primera en que una sentencia ilustra sobre sus métodos con tanta claridad.
Meses después, y por la prensa
Nada tan elocuente de la debilidad de Rancaño como su confesión de cómo conoció la verdadera razón por la que Rodolfo Ruiz destituyó al instructor que se negó a practicar las detenciones y a mentir sobre una agresión a Bono que no existió.
La sentencia describe cómo, durante la mañana del 25 de enero de 2005, este funcionario seguía recogiendo testimonios que descartaban la hipótesis de una agresión, mientras Ruiz ordenaba a González que detuviera a los dos afiliados del PP delatados por El País en su edición de ese día.
El jefe de la Brigada de Información, cuenta la agencia Efe en un despacho del 27 de mayo de 2005, "le explicó a Rancaño que había decidido relevar al jefe de Laboral del atestado y también como jefe de Grupo porque le había dicho que no quería colaborar y que además tenía apatía y desgana y que pasado mucho tiempo se enteró por los medios de comunicación que esa negativa lo había sido a detener a dos personas".
Rodolfo Ruiz, el guardián de los secretos de la comisaría de Vallecas y de la información policial de todo Madrid, manejó a su antojo al jefe superior de Policía. El 25 de enero, cuando ya los detenidos habían sido puestos en libertad, y la chapuza crujía por todas partes, le envió un bonito atestado con datos falsos, sellos recauchutados y firmas escritas a punta de destitución. Todo un cambiazo, de parte de un experto en la materia.