LD (EFE) La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Ausbanc, ha pedido la dimisión o el cese del subsecretario de Estado de Sanidad y Consumo, Fernando Puig, y la directora del Instituto Nacional de Consumo, Ángeles Heras, por considerarles responsables del caso Afinsa-Fórum. A juicio de esta asociación, ninguno de los dos altos cargos ha cumplido su "obligación" de desarrollar la normativa que regula el sector.
Además, califican de cómplices de la situación por "negligencia culpable" al Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), por no exigir al Ministerio de Consumo el desarrollo de la norma, así como a las asociaciones de consumidores OCU y ADICADE, por no aportar al consejo la información que tenían sobre posibles irregularidades.
En un encuentro con afectados por la presunta estafa, el presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, que se rodeó de fuertes medidas de seguridad ante el temor de que el acto fuera boicoteado por, según dijo, "determinados grupos de poder", pidió que se depuren responsabilidades ante la falta de "previsión y pasividad" de las autoridades competentes. Pineda explicó que la disposición adicional Cuarta de la ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva establecía el deber de informar al cliente de los elementos importantes del contrato y la legislación, además de prever el desarrollo de las garantías que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo que se establecieses reglamentariamente.
En el Real Decreto 1309/2005, que desarrollaba la citada ley, establecía que el desarrollo "de las demás instituciones de carácter no financiero" quedaba pendiente del posible desarrollo que pudiera hacerse en el futuro "por orden ministerial", lo que según ha apuntado Luis Pineda, no ha sucedido. Ausbanc considera que Puig y Heras son los responsables directos de la "inactividad reglamentaria", al incumplir el compromiso de desarrollar una norma que describía con "claridad meridiana" el sector y ordenaba a Consumo "regularlo y supervisarlo".
En el Real Decreto 1309/2005, que desarrollaba la citada ley, establecía que el desarrollo "de las demás instituciones de carácter no financiero" quedaba pendiente del posible desarrollo que pudiera hacerse en el futuro "por orden ministerial", lo que según ha apuntado Luis Pineda, no ha sucedido. Ausbanc considera que Puig y Heras son los responsables directos de la "inactividad reglamentaria", al incumplir el compromiso de desarrollar una norma que describía con "claridad meridiana" el sector y ordenaba a Consumo "regularlo y supervisarlo".
Medidas que pudo haber tomado el Ministerio
Añadió que el Ministerio debería haber tomado una serie de medidas que habrían evitado la "crisis", entre las que citó el establecimiento de coeficientes de insolvencia e inversión, para no dejar a Afinsa y Fórum Filatélico crecer de forma "exponencial", sino dentro del límite de sus propios recursos; y la creación de una unidad de análisis patrimonial para la tasación de los sellos. Pineda señaló que si se hubiesen desarrollado esas garantías previstas en la ley, no se estaría hablando de "400.000 afectados", al tiempo que acusó de "negligencia" al CCU, por no cumplir con su deber de exigir al Gobierno el desarrollo de la ley y mostrarse "más preocupado por obtener subvenciones que por los derechos que supuestamente defienden".
En este sentido, criticó a la OCU, por su "deslealtad" con el CCU al no remitir un informe que tenía sobre el sector, y a ADICADE, por su "dudosa transparencia" al no difundir la información que tenía referente a la problemática de Afinsa con Hacienda. Pineda, que el martes acudirá al Defensor del Ciudadano, ofreció su asesoramiento a los afectados, a los que aconsejó no usar los servicios de Consumo por considerar que al ser los responsables no defenderán sus derechos, y dijo que su organización creará un fondo para ayuda para situaciones insostenibles, que cada seis meses será dotado con 10.000 euros.
Aseguró que su objetivo es que todos las víctimas de la presunta estafa recuperen las cantidades invertidas y exigió que se identifiquen exactamente los delitos cometidos y a sus autores, sobre los que pidió que caiga todo el peso de la ley. Además, instó al Ejecutivo a hacer un "esfuerzo importante" para que el sector del coleccionismo de sellos no se vea afectado por el "hachazo homicida" que ha recibido por una intervención judicial, que en su opinión, "se ha hecho mal" y ha estado impulsada por un informe policial y de Hacienda "inacabado".
Añadió que el Ministerio debería haber tomado una serie de medidas que habrían evitado la "crisis", entre las que citó el establecimiento de coeficientes de insolvencia e inversión, para no dejar a Afinsa y Fórum Filatélico crecer de forma "exponencial", sino dentro del límite de sus propios recursos; y la creación de una unidad de análisis patrimonial para la tasación de los sellos. Pineda señaló que si se hubiesen desarrollado esas garantías previstas en la ley, no se estaría hablando de "400.000 afectados", al tiempo que acusó de "negligencia" al CCU, por no cumplir con su deber de exigir al Gobierno el desarrollo de la ley y mostrarse "más preocupado por obtener subvenciones que por los derechos que supuestamente defienden".
En este sentido, criticó a la OCU, por su "deslealtad" con el CCU al no remitir un informe que tenía sobre el sector, y a ADICADE, por su "dudosa transparencia" al no difundir la información que tenía referente a la problemática de Afinsa con Hacienda. Pineda, que el martes acudirá al Defensor del Ciudadano, ofreció su asesoramiento a los afectados, a los que aconsejó no usar los servicios de Consumo por considerar que al ser los responsables no defenderán sus derechos, y dijo que su organización creará un fondo para ayuda para situaciones insostenibles, que cada seis meses será dotado con 10.000 euros.
Aseguró que su objetivo es que todos las víctimas de la presunta estafa recuperen las cantidades invertidas y exigió que se identifiquen exactamente los delitos cometidos y a sus autores, sobre los que pidió que caiga todo el peso de la ley. Además, instó al Ejecutivo a hacer un "esfuerzo importante" para que el sector del coleccionismo de sellos no se vea afectado por el "hachazo homicida" que ha recibido por una intervención judicial, que en su opinión, "se ha hecho mal" y ha estado impulsada por un informe policial y de Hacienda "inacabado".
El PP acusa a MAFO
El portavoz adjunto del grupo parlamentario popular, Vicente Martínez Pujalte, ha acusado al ex secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, de conocer con anterioridad la presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa y de dejar que "miles de clientes perdieran su dinero". Pujalte ha reprochado al Gobierno que quiera "centrifugar responsabilidades" echando la culpa del caso al anterior Ejecutivo del PP o a las Comunidades Autónomas y al mismo tiempo no atienda a los ahorradores y trabajadores de estas dos entidades. También le ha acusado de hacer filtraciones solo al diario El País.
Vicente Martínez Pujalte ha echado en cara al Ejecutivo que se dedique a "filtrar cartas a un sólo medio de comunicación", en referencia a una información publicada hoy en el diario El País que asegura que la ex ministra de Sanidad del PP Ana Pastor avisó por carta al entonces titular de Economía, Rodrigo Rato, de la insuficiente regulación en el sector. La propia Ana Pastor, secretaria de Política Social del PP, acusó al Gobierno de "querer reescribir la historia" y subrayó que el traspaso de poderes con el Ejecutivo socialista fue "impecable" ya que la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, recibió toda la documentación sobre la legislación que faltaba por desarrollar.