(Libertad Digital – Víctor Gago) La combinación de medios judiciales y policiales está produciendo detenciones y eficaces escándalos mediáticos de supuesta corrupción de cargos públicos del PP.
Baleares, Canarias, Madrid, Valencia, Murcia o Lugo son, por ahora, los escenarios donde el Estado está actuando contra políticos populares. Las pruebas de que, al menos una de estas denuncias, contra Zaplana, ha sido manipulada por dos diputados del PSOE, ha activado la sospecha de si será la única o se está dirigiendo al Estado para criminalizar al PP, si es preciso, con pruebas falsas.
La sentencia que condena a tres altos funcionarios de Policía y fuerza la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid por la detención ilegal y la falsificación de documentos que incriminaron a dos afiliados del PP en una inexistente agresión al ex ministro de Defensa José Bono es el primer caso de detenciones ilegales de afiliados políticos, durante la etapa democrática.
Otras iniciativas del aparato del Estado contra gobernantes del PP, desplegadas durante los últimos cinco meses –coincidiendo con el desplome de la popularidad de Zapatero, por sus cesiones continuas a los nacionalistashan establecido la sospecha de que el caso Bono no fue un error –por el que el Gobierno, en cualquier caso, no ha pedido disculpas a sus víctimas–, sino el ensayo de una estrategia de acoso judicial y policial al PP, de mayor alcance.
El PP, sospechoso habitual
Entre enero y mayo de 2006, se han producido detenciones, investigaciones judiciales y al menos un caso de falsas imputaciones inducidas por dos diputados del PSOE en Valencia, siempre contra altos cargos del PP. El intento de soborno de un constructor valenciano por dos diputados socialistas, Camarasa y Such, para que acusase a Zaplana del cobro de comisiones por la adjudicación de las obras de Terra Mítica, ha alertado sobre los indicios de que el partido del Gobierno puede estar utilizando el poder del Estado para perseguir al PP.
Si se demostrase que hay una directriz política del Estado para excluir al PP –que Zaplana ha identificado como la puesta en práctica del Pacto del Tinell–, la joven democracia española se enfrentaría, probablemente, a su peor crisis. Estados Unidos contaba con una tradición democrática de dos siglos cuando la Casa Blanca utilizó el aparato del Estado para espiar al Partido Demócrata, un caso que, comparado con las prácticas que en España están ahora bajo sospecha, resulta más venial, y aún así, el sistema norteamericano se conmovió y el presidente se vio forzado a dimitir en 1974 por el llamado caso Watergate.
El escándalo de la denuncia falsa del PSOE valenciano es sólo el último indicio, por ahora, de una tendencia de vigilancia sobre el PP que viene manifestándose desde hace cinco meses, pero que tiene sus raíces en una de las primeras decisiones del Gobierno en materia de Justicia: el despliegue selectivo de la Fiscalía Anticorrupción en provincias gobernadas por los populares.
El 30 de junio de 2004, pocos días después de tomar posesión de su puesto, el Fiscal General del Estado anunció el "fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción" como uno de los objetivos de su mandato.
Poco antes, el ministro López Aguilar ya había advertido de que la lucha contra la corrupción sería una de las señas de la gestión del Gobierno socialista.
El 27 de diciembre de 2004, cuando el plan de despliegue de la Fiscalía especial ya estaba listo, el Gobierno dio un paso más y delimitó el destino de los nuevos fiscales anticorrupción: Madrid, Baleares, Canarias, Valencia y Málaga, a los que el ministro de Justicia calificó como bastiones del crimen organizado en España.
Fiscales elegidos por Conde-Pumpido
Los nuevos fiscales fueron nombrados a discreción del fiscal general del Estado. El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, miembro de la Asociación Progresista de la carrera fiscal, ha abierto trece expedientes de investigación en cinco meses, todos contra cargos públicos populares. Algunas de esas denuncias han sido representadas por su propia esposa, Amparo Hornillos, abogada del PSOE, y López Bernal les ha dado impulso con el poder que el Estado pone en sus manos.
En Canarias, el nombramiento de Luis del Río como fiscal especial anticorrupción provocó la protesta de la mayoritaria Asociación de Fiscales. El Consejo Fiscal había propuesto a otro candidato, situado en el ranking de méritos objetivos de la carrera, más de 800 puestos por delante de Del Río.
Pero Cándido Conde-Pumpido desoyó el dictamen no vinculante del Consejo e impuso a este miembro de la Asociación Progresista. En Canarias, han sido detenidos dos cargos públicos del PP –el ex director general de Industria del Gobierno de Canarias y una concejal de Telde (Gran Canaria) –, por supuesto cobro de comisiones, coincidiendo con el pre-lanzamiento de la candidatura de López Aguilar a las próximas autonómicas.
La investigación de cargos públicos del PP, las detenciones ilegales de afiliados y la manipulación de pruebas para imputar a miembros de este partido, contrasta con el desinterés del Gobierno socialista en aplicar el poder del Estado a las evidencias de corrupción que implican a gobernantes del PSOE o a sus socios.
La condonación de un préstamo de 6 millones de euros al PSC, la denuncia del cobro de un 3% de comisiones en todas las adjudicaciones de la Generalidat, durante la etapa de Pujol, o el hundimiento del barrio de El Carmelo a causa de unas obras promovidas por el Gobierno de Maragall, entre otros casos, no han tenido la respuesta policial y judicial que está recibiendo cualquier delación, aunque sea falsa, contra cargos públicos del PP.