(Libertad Digital) La inspectora jefe de Hacienda María Teresa Yabar, que investigaba las empresas Afinsa y Fórum, entregó su expediente al Servicio Jurídico de Hacienda, cuyo examen es preceptivo antes de decidir si se envía o no a la Fiscalía. El informe del Servicio Jurídico, a cargo de Máximo Linares, lo más que vio fue una "sensación de riesgo elevada", a pesar de la cual "resulta difícil tipificar los hechos descritos como delito de estafa". Es más, aunque pudieran ser tipificados como tal, sería "en grado de tentativa, ya que no hay consumación", según informa este martes el diario El Economista. El informe está fechado el 11 de julio de 2005.
No queda ahí el informe jurídico de Hacienda, ya que incluso la estafa en grado de tentativa es dudosa. El texto dice que "en el caso examinado, sería el propio autor del supuesto delito el que hasta la fecha ha reintegrado las inversiones a sus clientes o ha encontrado un nuevo comprador, por lo que difícilmente puede considerarse que estemos ante un delito de estafa en grado de tentativa". Es más decía el informe que resulta muy difícil tipificar conductas como la de Afinsa "que quizá se aparten de los principios de prudente administración, evidenciando un riesgo, pero que no se han perjudicado en un perjudicado". No se puede hablar de delito, continúa el informe, si no hay consumación. Por el contrario, "siempre se ha satisfecho el precio de recompra".
Pese a todo ello, y a la vista de que podría haber delitos que exceden el ámbito puramente fiscal, la Agencia Tributaria decidió informar a la Fiscalía de los hechos que llevaba dos años investigando. En concreto, lo que motivó la decisión de informar a la Fiscalía fue la constatación de que el proveedor de Afinsa Francisco Guijarro Lázaro, actualmente en prisión, vendía sellos falsos a la empresa. En su caso sí detectó un delito fiscal, pero puesto que podría haber incurrido en otros delitos, decidió informar de los hechos a la Fiscalía Anticorrupción, que tras examinarlos acusó a ambas empresas de varios delitos, entre los que están los de estafa, insolvencia punible, administración desleal, blanqueo de capitales o falsificación de documento privado.