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La Asamblea de Madrid aprueba pedir la dimisión de Alonso por la detención ilegal de los militantes del PP

El Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó este jueves, con 56 votos del PP a favor y 52 del PSOE e Izquierda Unida (IU) en contra, una proposición no de ley (PNL) por la que solicita el cese del ministro de Defensa y ex titular de Interior, José Antonio Alonso, al que considera "bajo sospecha" por la sentencia que condenó a tres policías nacionales por detener ilegalmente a dos militantes populares durante una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

L D (Europa Press) El portavoz del Grupo Popular, Antonio Beteta, vinculó la detención "arbitraria, antijurídica y abusiva" de Isidoro Álvarez y María Antonia de la Cruz con "una nueva deriva antidemocrática del PSOE", según la cual "los militantes del PP, por el mero hecho de serlo, tienen menos derechos que el resto de los ciudadanos". "Si lo dice un ministro es verdad y si lo dice un fontanero del PP no", indicó refiriéndose a las declaraciones de Bono en las que aseguraba  que había sido agredido. "¿Qué democracia es esa?", se preguntó. 
 
De igual modo, comparó las detenciones de los dos militantes del PP con los crímenes de Estado de los GAL. "Esto nos recuerda a los viejos tiempos de los GAL, donde se atacaba al Estado de Derecho directamente y los ciudadanos tenían que sufrir esa persecución --dijo--. Esos tiempos han sido ya sentenciados y en la cárcel están los responsables políticos".  
 
El diputado socialista Rafael Gómez Montoya, que estuvo presente en la manifestación de la AVT, aseguró que "manifestantes que portaban banderas del PP increpaban, zarandeaban, insultaban y escupían" a los miembros de la representación socialista, cuyos integrantes llegaron a "temer por su integridad física", según su testimonio.  En este punto, acusó a los populares de "manipular la manifestación y utilizar a las víctimas del terrorismo contra el Gobierno" hasta el punto de que "se les fue la mano". "Que se hayan convertido al pancartismo es bueno para todos, pero exige que estudien también las asignaturas de respeto y tolerancia", advirtió.
 
Gómez Montoya aseguró que su grupo "acata la resolución judicial aunque no la comparte", y añadió que el Gobierno regional y el PP "deberían pedir disculpas por gobernar Madrid como un cortijo y debilitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "Gobiernen ustedes el año que les queda que de gritar e insultar ya se encargarán sus mayores", finalizó.
 
Por su parte, el diputado de IU Luis Suárez aseguró compartir con el PP "algunos principios" de su propuesta, pero desechó la posibilidad de respaldarla porque el PP "jamás pidió la dimisión" del ex delegado del Gobierno Francisco Javier Ansuátegui "por impedir la libertad de manifestación".  "Nosotros hemos sido detenidos y represaliados cuando gobernaba UCD, el PSOE y el PP --afirmó--. En las manifestaciones contra la guerra y a favor de la huelga general, la policía bajo el regimiento suyo ha practicado detenciones ilegales y ha apaleado a manifestantes", señaló Suárez dirigiéndose a los miembros del Gobierno regional, que, airados, le replicaron desde sus escaños.
 
En otro punto de su discurso, esta vez respaldado con aplausos por los miembros del Ejecutivo, Suárez exigió a la delegada del Gobierno, Soledad Mestre, y al portavoz socialista, Rafael Simancas, que "su sensibilidad democrática acreditada se manifieste en el comportamiento de la policía", en referencia a las detención en Móstoles de dos militantes comunistas que portaban banderas republicanas durante una visita de los Príncipes de Asturias. "Hay que condenar el lenguaje soez de que policías de la democracia llamen a dos jóvenes 'rojos de mierda'", se quejó.

La iniciativa aprobada por el PP sostiene que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial "demuestra la ilicitud de las detenciones", y reclama, en consecuencia, el "cese inmediato" del entonces ministro de Interior y hoy titular de Defensa, José Antonio Alonso, por "el apoyo prestado a esa actuación y por mentir en el Parlamento". Según la proposición, "la responsabilidad del primer caso de detención política de la democracia no se puede agotar con el cese del delegado del Gobierno", Constantino Méndez, sino que "debe afectar al que fuera en dicha época ministro del Interior". "Un gobierno democrático no puede albergar en su seno a un ministro marcado por dos detenciones políticas y que ha mentido al Parlamento", afirman los populares.

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