L D (Europa Press) La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) cree que hay indicios de que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, actuó como "cooperador necesario" de los delitos de desobediencia y quebrantamiento de medidas cautelares supuestamente cometidos por los representantes de Batasuna, Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan José Petrikorena, al reunirse con ellos en el Palacio de Ajuria Enea el pasado 19 de abril, según informaron fuentes jurídicas.
El alto Tribunal emitió este viernes un auto por el que admite a trámite la querella criminal interpuesta por el Foro de Ermua contra Ibarretxe, y los tres representantes de Batasuna por haber desobedecido la sentencia de ilegalización de la formación y haber quebrado las medidas cautelares impuestas por la Audiencia Nacional, que suspendió las actividades del partido ilegalizado. La decisión fue adoptada por la mayoría de los miembros de la Sala Civil y Penal, y tan sólo discrepó la magistrada Nekane Bolado, quien consideró que no se debe abrir procedimiento penal contra el presidente del Gobierno vasco porque el hecho de que Batasuna sea "ilegal no convierte en ilícita" la conducta de quien se reúne con esta formación. Además, aseveró que el encuentro de produjo en el contexto del "proceso de paz".
Por su parte, en su resolución judicial, a la que tuvo acceso Europa Press, la mayoría del Tribunal recuerda que la portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, anunció el 28 de marzo que Ibarretxe, como lehendakari, mantendría una ronda de contactos con todos los partidos, incluida la ilegalizada Batasuna, aunque no precisó la fecha. Asimismo, recuerda que, en ningún momento, se rectificó la invitación a la formación ilegal ni se alegó que la invitación al portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, o "a cualquier otra persona" se hiciera en su condición de ciudadano y no como dirigente de un partido político.
La Sala Civil y Penal subraya que el 12 de abril Otegi anunció que la reunión entre Batasuna y el máximo representante del Gobierno vasco se celebraría el 19 de abril y que, tras conocer la noticia, el Foro de Ermua emplazó a Juan José Ibarretxe a que "colaborara en el cumplimiento de las resoluciones judiciales e impidiera la comisión de delitos" porque la formación abertzale estaba "ilegalizada por el Tribunal Supremo por ser un instrumento de ETA". El TSJPV señala que, "a pesar del requerimiento expreso", el lehendakari se reunió con los representantes de Batasuna y que éstos fueron en nombre del partido ilegal "y no en el suyo propio, como personas físicas".
Asimismo, indica que, en el pleno del Parlamento vasco del 27 de abril ante las interpelaciones del PP, Ibarretxe afirmó que la convocatoria a Batasuna no era "para desafiar a nadie", sino porque este partido, "al igual" que el Partido Popular, "forma parte de la solución". Tras señalar que debe admitirse la querella contra Otegi, Barrena y Petrikorena por posibles delitos de desobediencia y quebrantamiento de medidas cautelares, señala que hay indicios de que el presidente del Ejecutivo vasco fue "cooperador necesario" porque no se hubieran podido cometer los hechos presuntamente delictivos sin su "consentimiento y concurso".
En este sentido, manifiesta que Juan José Ibarretxe tenía conocimiento de "la disolución de Batasuna por razón de ilegalización" y de que sus actividades habían sido suspendidas por la Audiencia Nacional. Por ello, afirma que los hechos, "en términos indiciarios", son "aparentemente" constitutivos de los delitos antes citados, por lo que ordena poner en marcha el procedimiento penal destinado a realizar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos.
Voto particular
Por contra, el voto particular de la magistrada Nekane Bolado, en el que discrepa de que se tramite la querella en el caso del lehendakari, afirma que "el que Batasuna sea ilegal no convierte en ilegal, ni por supuesto en ilícita y delictiva, la conducta de aquel sujeto que se limita a la mera asistencia a reuniones o al trato con personas que, habiendo pertenecido al partido ilegalizado, siguen representando un planteamiento político". Además, señala que estas reuniones o tomas de contacto son "encuadrables dentro de una mecánica política".
Tras destacar que "esta conducta no basta por sí sola para atribuir la condición de criminal a la persona que la realiza", apunta que, "de los hechos relacionados en la querella no cabe inferir o deducir, ni siquiera con carácter indiciario, que haya existido un concierto de voluntades entre los querellados, en el sentido de que la ilegalización y suspensión de actividades de Batasuna fuese motivo serio y firme por el cual se realiza la reunión". Asimismo, recuerda que el encuentro no estaba "ni mucho menos preconcebido y predeterminado con el firme designio de burlar las decisiones judiciales que establecen dicha ilegalización y suspensión de actividades a través de una medida cautelar".
La magistrada cree que tampoco se deduce "un ánimo común en los querellados en reivindicación alguna o en manifestación de ideas que guiara o presidiera su actuación", y recuerda que la pretensión de Juan José Ibarretxe era analizar "personalmente" con los representantes de todos los partidos vascos "el nuevo contexto político abierto tras la declaración del alto el fuego por parte de ETA y trasladarlo al presidente del Gobierno español". Por ello, apunta que "lo único que se deduce" de los documentos que acreditan la reunión es "el ánimo del lehendakari de escuchar" a las distintas sensibilidades políticas vascas "en un momento y en una situación trascendental para toda la ciudadanía creada tras el alto el fuego".
Nekane Bolado señala que Batasuna sí está ilegalizada, pero es "integradora del sentir de unos determinados ciudadanos". En este sentido, estima que Ibarretxe se reunió con los representantes de esta formación porque "es depositaria de la voluntad de unos ciudadanos directamente implicados en lo que, discutible o no, viene siendo llamado proceso de paz". La juez de la Sala Civil y Penal del TSJPV considera, de este modo, que, "en cualquier caso", en ningún momento "se deduce, ni siquiera con caracter indiciario, que la reunión celebrada por el lehendakari con Batasuna se haya realizado con una finalidad o propósito delictivo".
En esta línea, cree que, "independientemente de la opinión que se puede tener sobre el acierto o desacierto del lehendakari al celebrar la reunión del 19 de abril, y de que pueda tener o no incidencia en otros ámbitos" su actitud no constituye "infracción penal alguna". Bolado recuerda que, para que la conducta sea delictiva, debe existir un ánimo o un fin "como componente subjetivo esencial de la acción y al que también debe extenderse la tipicidad", que en este caso no se produce. Por ello, afirma que no es "procedente" la apertura de causa penal contra el lehendakari.