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El fiscal cree que la actitud "desafiante y chulesca" de Txapote y Gallastegi no deja "esperanza de reinserción"

El fiscal Jesús Santos ha pedido este martes que el terrorista "Txapote" y su compañera Irantzu Gallastegi cumplan íntegramente los 30 años de cárcel que pide para ellos por el asesinato del edil del PP José Luis Caso, dada su actitud "desafiante y chulesca", que no permite "atisbar ninguna esperanza de reinserción". El Tribunal ha expulsado a Txapote y Gallastegi de la sala por "la falta de respeto -señaló el juez- que han mostrado hacia la Justicia".

El fiscal Jesús Santos ha pedido este martes que el terrorista "Txapote" y su compañera Irantzu Gallastegi cumplan íntegramente los 30 años de cárcel que pide para ellos por el asesinato del edil del PP José Luis Caso, dada su actitud "desafiante y chulesca", que no permite "atisbar ninguna esperanza de reinserción". El Tribunal ha expulsado a Txapote y Gallastegi de la sala por "la falta de respeto -señaló el juez- que han mostrado hacia la Justicia".
LD (EFE) El teniente fiscal de la Audiencia Nacional ha pedido que se cumpla íntegra la pena de 30 años que solicita para los terroristas Francisco Javier García Gaztelu "Txapote" y Irantzu Gallastegi, por el asesinato del concejal del Partido Popular, José Luis Caso. El fiscal ha hecho referencia a la actitud "desafiante y chulesca" de los miembros de ETA, que impide "atisbar ninguna esperanza de reinserción" en ellos. Esa actitud llevó al juez a expulsar a los dos etarras, así como de sus familiares y amigos que se encontraban entre el público, por "la falta de respeto -señaló el juez- que han mostrado hacia la Justicia".

Antes de ser expulsados, los dos etarras hicieron uso de su derecho a la última palabra y en él Gallastegi se jactó de que no le tiene ninguna consideración al presidente del tribunal, Alfonso Guevara, mientras que "Txapote" pidió que se investigue "con la misma determinación a los asesinos" de su compañero de comando José Luis Geresta "Oker".
 
Asimismo, el magistrado no permitió al abogado defensor "hablar de política" cuando éste afirmaba que la causa de la violencia etarra es el "conflicto político" que, según él, se vive en el País Vasco, y que los acusados "no tendrán dificultad para reinsertarse" en la sociedad cuando "hayan cambiado las circunstancias" de ese conflicto. Para ejecutar la orden de expulsión, varios policías entraron a la sala y se llevaron a los dos acusados, mientras éstos gritaban consignas de ánimo a sus familiares, a los que otros agentes también expulsaron del espacio destinado al público.
 
El representante del Ministerio Público criticó en su informe de conclusiones la actitud "patética, desafiante y chulesca" de los acusados, quienes en la sesión del martes se negaron a ponerse en pie como solicitaba el tribunal, se enfrentaron con la Policía que intentó forzarles a hacerlo y permanecieron durante todo el juicio charlando entre ellos y dando la espalda al tribunal. En la sesión de este miércoles, los acusados se mantuvieron conversando entre ellos y haciendo señas a sus familiares y amigos que se encontraban presentes entre el público. Según el fiscal, su actitud muestra "el fracaso del tratamiento penitenciario", ya que ambos han cumplido cinco años de cárcel en Francia, y "no permite atisbar un comportamiento con esperanzas de reinserción". Por ello, solicitó que los magistrados decreten una orden de alejamiento de los acusados, tras cumplir sus condenas, respecto a la familia de José Luis Caso y de la localidad de Irún, y así "evitar la socialización del sufrimiento".
 
También aseguró que la Fiscalía mantendrá una "rigurosa vigilancia" para "impedir" el traslado solicitado por "Txapote" desde Francia a España, para que de este modo cumpla "íntegramente" la condena de 10 años de cárcel impuesta en el país vecino por asociación de malhechores y, después, los 30 años que, según él, le impondrán los tribunales españoles. Además, solicitó que, "salvo que modifiquen sus comportamientos", los beneficios penitenciarios que obtengan los miembros de ETA, siguiendo la doctrina establecida por el Tribunal Supremo respecto al etarra Henri Parot, se cuenten sobre cada una de las condenas que se le impongan en los juicios que tienen pendientes, y se garantice así el cumplimiento efectivo de 30 años de prisión.
 
El fiscal justificó esta solicitud argumentando que la "reeducación y la reinserción social" no son la única finalidad de la cárcel, sino también la "prevención y otras razones de justicia". Según él, en el juicio ha quedado "perfectamente acreditado" que "Txapote" y Gallastegi prepararon el asesinato del concejal del PP en un bar de Irún en el que, según él, entró el ex dirigente etarra con un chubasquero que impedía verle la cara y disparó un tiro a apenas 30 centímetros de la cabeza de Caso, quien falleció en el acto.
 
El Ministerio Público también basó su petición en los testimonios de los testigos y peritos que comparecieron en el juicio, y en las declaraciones que el etarra condenado Sebastián Lasa realizó tras ser detenido, y que ayer negó en la Audiencia Nacional argumentando que había sido torturado, en las que aseguraba que se reunió con el también integrante del grupo "Donosti", José Luis Geresta Múgica, el día después del asesinato de Caso, y le confirmó que el atentado "había salido bien". En la sesión de hoy, varios peritos confirmaron que en la casa en la que vivían los integrantes del grupo "Donosti" se encontraron explosivos y armas, huellas de los etarras y manuscritos de Gallastegi sobre fabricación de bombas.
 
El próximo lunes los dos etarras serán juzgados por la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional por el secuestro y asesinato en julio de 1997 del concejal del Partido Popular de la localidad de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco. En él, la Fiscalía solicita una condena de 50 años de cárcel para cada uno de ellos por los delitos de secuestro y asesinato terroristas. El pasado mes de diciembre las autoridades francesas entregaron temporalmente al ex dirigente etarra, quien será juzgado en la Audiencia Nacional, además de por los asesinatos de Caso y Blanco, por los del concejal del PP de San Sebastián Gregorio Ordóñez, del dirigente socialista vasco Fernando Múgica, del jefe de la Policía Municipal de San Sebastián Alfonso Morcillo y del brigada del Ejército de Tierra Mariano de Juan.

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