LD (EFE) El FMI ha criticado la decisión del Gobierno de ampliar los poderes de la CNE, cuya directora es Mayte Costa, dado que con las nuevas atribuciones se otorga al organismo regulador una "amplia discrecionalidad" y le permite tomar decisiones "de forma discriminatoria". José María Aznar también realizó las mismas críticas, mostrando su preocupación porque a los organismos reguladores "se les haya forzado tanto y a plena luz del día, que es difícil operar en los mercados hoy para mucha gente, confiando en la neutralidad de esos reguladores". Aznar ve en esa política la causa del descenso en la inversión exterior y advirtió en su conferencia en el VI Encuentro Financiero Internacional de que "recuperar el crédito institucional", y el "respeto" internacional es "muy difícil".
Pedro Solbes ha defendido las nuevas atribuciones a la CNE diciendo que cada uno de los países comunitarios "tiene una estructura de partida distinta" en el ámbito energético. Al respecto, dijo que "hay que entender la preocupación española por la seguridad de abastecimiento, que es nuestra preocupación fundamental". Por ello, el ministro de Economía aseguró que "es en cierta medida lógico que cada país tenga un enfoque propio que le permita igualar las reglas del juego".
Cuando la eléctrica alemana E.On presentó una oferta por el capital de Endesa que mejoraba la presentada por Gas Natural, el Gobierno reaccionó con declaraciones del presidente de Gobierno y de los ministros de Industria y Economía mostrando sus preferencias por una empresa de matriz española. La oferta de la alemana, por más dinero y pagadera en efectivo en su totalidad, podría dar al traste con la operación de toma de control de Endesa por Gas Natural.
Entonces, el Gobierno siguió un camino diferente, ampliando las competencias de la CNE, para que así pudiera decidir sobre la OPA lanzada por E.On. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunció el decreto aprobado en Consejo de Ministros por el que ahora la CNE podría analizar operaciones "cualquiera que sea el promotor de la iniciativa que afecte a interese públicos protegibles", por lo que de este modo se incluiría la oferta de E.On. La Comisión Europea había advertido a España de que no podrá adoptar medidas unilaterales contra la oferta de E.On. Montilla defendió la posición del Gobierno y la ampliación de los poderes de la CNE, diciendo que el decreto no era una norma "ad hoc".