LD (EFE) Según han declarado portavoces de la embajada de España en Caracas, las conversaciones con el régimen de Hugo Chávez para solucionar el problema de la invasión de fincas propiedad de españoles continúan "y el diez de febrero está prevista una nueva cita entre el embajador (español), Raúl Morodo, y el director del INTI, Richard Vivas".
El problema afecta a un grupo de tres propietarios españoles y seis hispano-venezolanos, principalmente de origen gallego y canario, en el estado de Yaracuy, a 230 kilómetros al oeste de Caracas, que han denunciado la invasión y ocupación de sus tierras por campesinos afectos al Gobierno.
Una representación del grupo de afectados, que el pasado octubre visitó al embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo para exponerle el problema, también denunció el caso y su situación de "indefensión" ante autoridades judiciales y Fiscalía venezolanas, sin que de momento se les haya dado respuesta. Portavoces de la legación diplomática indicaron que "se están haciendo peritajes caso a caso, por parte de las autoridades venezolanas, y tanto la embajada como la representación consular mantienen contacto permanente con los afectados".
Los afectados denuncian que las ocupaciones, en ocasiones, han estado acompañadas por graves actos intimidatorios, extorsiones, secuestros y amenazas de asesinato, para que abandonen las tierras y puedan declararse "terrenos ociosos", que se entregarán así a los invasores en aplicación de la Ley de Tierras. También afirmaron, en declaraciones a medios locales, que sienten sus vidas amenazadas y consideran que ante la gravedad de la situación la mejor solución es requerir una indemnización económica justa que les permita rehacer sus vidas o regresar a España.
El Gobierno venezolano desarrolla actualmente, basándose en la Ley de Tierras, una lucha contra el latifundio en terrenos improductivos de más de cinco mil hectáreas. Los propietarios españoles aducen la legalidad de los títulos de propiedad, reconocidos por el Estado, sobre sus terrenos, el mayor de los cuales abarca 235 hectáreas y el menor veinte hectáreas. Todas las fincas son productivas, dedicadas principalmente al cultivo de caña de azúcar y algo de ganadería, según consta en la documentación sobre el caso remitida a las autoridades.