La Asociación de Internautas pide que se suprima el canon "indiscriminado" dispuesto por la LPI

(Libertad Digital) Este proyecto de ley establece el "canon" por copia privada en los soportes digitales, traspone a la legislación española la directiva europea sobre la Sociedad de la Información y además da respuesta a nuevos problemas derivados de las nuevas tecnologías. La ministra de Cultura, Carmen Calvo, indicó que la reforma deberá resolver la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, la creación de una comisión arbitral de la Propiedad Intelectual que disponga de medios para resolver conflictos de manera ágil, así como mejorar la transparencia de las entidades de gestión con los consumidores.

 

A este respecto, la AI dice que "intuimos que va a hacer falta algo más que un árbitro, si por mandato legal los soportes digitales se consideran exclusivamente fabricados para reproducir obras de autores asociados, sin más límite que la imaginación de éstos" y agrega que "esta situación muestra que en el ámbito de los autores, la ley es completa, estricta, clara y concisa, pero en el ámbito de los consumidores, la ley simplemente no es".

 

El proyecto aprobado aclara que la "copia privada" de una obra debe ser realizada por una persona física para uso privado y a partir del original, una definición –según Calvo– que se complementa con una "importante innovación" sobre la remuneración compensatoria por la copia, el llamado "canon". "Se hacía preciso diferenciar el entorno analógico del digital", porque en éste, la copia privada se propaga mucho más y tiene más impacto económico, explicó la titular de Cultura, departamento que optó por el entendimiento entre las entidades de gestión y la industria para acordar qué soportes deben pagar canon y la cuantía. "No obstante, la decisión definitiva sobre los equipos, aparatos, soportes sujetos al pago de la compensación se establecerá por una orden conjunta del Ministerio de Cultura y de Industria", advirtió Calvo.

 

Sobre el canon, la AI dice que "no es un mecanismo de defensa contra la piratería (la ropa también se piratea, y los autores no reciben canon alguno por las máquinas de coser o el hilo), ni para combatir las pérdidas que esa actividad ilegal produce, sino que es una compensación equitativa y justa que deben recibir los autores por cada copia que de su trabajo se hace para uso privado. Se trata de proteger un derecho fundamental en un sentido concreto".

 

Además, la Asociación cree que el Congreso ha olvidado el concepto de la proporcionalidad. Según ellos, "el problema del canon no es el concepto que lo avala (compensación equitativa por copia privada), es el cómo se recauda y cómo convierte en deudores de ese concepto a todo en que utiliza un soporte digital (para lo que sea)". Se pregunta entonces: "¿Cómo se encaja que el obligado (deudor) deba compensar al autor tanto por reproducir su obra, como por no hacerlo?" ya que "ambas situaciones revierten en una compensación económica".