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LE IMPUTA UN DELITO DE COACCIONES O USURPACIÓN

El Supremo investigará al diputado de ERC Joan Puig por el asalto a la piscina de Pedro J. Ramírez

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la querella presentada por el director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, por los delitos de coacciones o usurpación contra el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Joan Puig por haberse introducido en la piscina del chalé que el periodista tiene en Mallorca el 13 de agosto de 2005. Puig asaltó la piscina de Ramírez al considerar que incumple la ley de Costas y está situada en un espacio de uso público.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la querella presentada por el director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, por los delitos de coacciones o usurpación contra el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Joan Puig por haberse introducido en la piscina del chalé que el periodista tiene en Mallorca el 13 de agosto de 2005. Puig asaltó la piscina de Ramírez al considerar que incumple la ley de Costas y está situada en un espacio de uso público.
L D (Europa Press) El auto, que designa instructor de la causa al magistrado Joaquín Giménez García, explica que a pesar de que "tradicionalmente" el hacerse cargo de un procedimiento contra un aforado arrastraba a los otros imputados, en esta ocasión sólo investigará a Puig, para no vulnerar el derecho fundamental al juez predeterminado por la ley. Los demás querellados seguirán siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Manacor, que hasta ahora ha llevado la causa.
 
La resolución explica que la Sala Segunda del Supremo únicamente puede ser el juez predeterminado por la ley para aforados, por lo que no puede investigar a los demás querellados, a pesar de que un solo procedimiento para juzgar unos mismos hechos evita contradicciones entre tribunales y favorece la economía procesal.
 
El 19 de agosto del año pasado, Pedro J. Ramírez y otras tres personas presentaron una querella contra Joan Puig, Joan Llado, Jaume Sastre, José Martí Sastre, Bernardo Fiol Moya, Pere Daniel Pol Creus, Concepción Peña Ferreira, María Antonia Vadel, Andreu Pascual y Randa Ramón por los delitos de allanamiento de morada, coacciones, manifestación ilegal, lesiones y amenazas. La querella también se dirigía contra el delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socias, por denegación de auxilio.
 
Tras acreditar la condición de Puig, el alto tribunal pidió informe al fiscal, quien interesó que se declarara la competencia de su Sala Segunda para investigar al diputado de ERC por su condición de aforado. Además, entendió que los hechos que se le imputan pueden ser constitutivos de delito. En concreto, Puig está acusado de que el 13 de agosto de 2005, en compañía de otras dos personas, no aforadas y contra las que se sigue procedimiento en Mallorca, trataban de reivindicar un derecho de paso suspendido administrativamente.
 
Para ello, tras ser advertidos de la improcedencia de su conducta, procedieron a escalar unas rocas hasta alcanzar la piscina del chalé de Pedro J. Ramírez, "no sin antes 'insultar, escupir y vejar a los propietarios de la misma y a los que allí estaban llamándoles matones" y varios insultos. Según la querella, se empleó fuerza y violencia en las personas.

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