(Libertad Digital) Según el informe del administrador judicial de Fórum Filatélico, Pascual Tomás Hernández, el agujero patrimonial de la sociedad estaría situado entre los 2.700 y 3.400 millones de euros. Los compromisos de recompra y rentabilidad que mantenía la empresa con sus más de 200.000 clientes está estimado entre 3.500 y 4.200 millones, mientras que el patrimonio de la empresa se cifra en 810 millones de euros, de los que 400 corresponden a sellos y los otros 410, en fondos propios. Unas cantidades que podrían variar según transcurra el proceso.
Sobre los activos y pasivos de la empresa intervenida, los administradores concursales designados cobrarían una cantidad inicial, superior al millón y medio de euros, según establece un decreto aprobado en septiembre de 2006 que establece una tarifa sujeta al capital de las empresas intervenidas. Sobre esta cantidad, cobrarían después, en la fase de convenio, un porcentaje del diez por ciento de forma mensual. A partir del séptimo mes desde el inicio de la operación, el porcentaje que percibirían mensualmente se reduciría hasta el cinco por ciento, hasta que finalizara la liquidación. La cantidad final percibida podría superar ampliamente los dos millones de euros.
Los administradores concursales designados son tres. Se trata de la Agencia Tributaria, en posición de acreedora, de Miguel Sánchez Calero y de Antonio Moreno Rodríguez. Miguel Sánchez Calero, según fuentes próximas a la defensa de Fórum, será recusado por los antiguos administradores porque "previamente a su incorporación como administrador mercantil, participó de lleno en una fase inicial con el equipo de la defensa". Debido a ello, contaría con "información privilegiada".
Respecto a Antonio Moreno Rodríguez, cabe destacar que ha participado en, al menos, otra operación de liquidación durante gobiernos socialistas: la de la cooperativa de viviendas PSV, promovida por la UGT, en la que actuó como interventor.