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La Corte Internacional de Justicia rechaza suspender la construcción de dos papeleras uruguayas

La presidenta de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Rosaly Higgins, ha dado lectura al fallo que rechaza la solicitud presentada por el Gobierno de Argentina para suspender temporalmente la construcción de dos papeleras en la orilla uruguaya del río Uruguay, una de ellas propiedad de la empresa española Ence. El dictamen señala que el daño medioambiental al cauce argumentado por las autoridades de Buenos Aires no son inmediatas porque las papeleras no serán operativas jasya agosto de 2007 y junio de 2008.

LD (EFE) Según el máximo tribunal de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la denuncia presentada por Argentina contra la construcción de dos papeleras en la orilla uruguaya del río Uruguay no ha logrado demostrar que causará un grave impacto medioambiental.
 
La presidenta del tribunal, Rosalyn Higgins, al dar lectura al fallo dijo que "Argentina no ha convencido a la corte de que las papeleras causarán un daño irreparable" al medio ambiente. Incluso, señaló que el impacto no será inminente ya que las dos empresas no serán operativas hasta agosto de 2007 y junio de 2008. Por ello, "la Corte no va a pedir en este momento la suspensión de las obras", añade el dictamen que explica que "las circunstancias no son como para emitir medidas provisionales".
 
Higgins destacó que "es necesario" tener en cuenta el interés de las partes en mantener la calidad de agua del río Uruguay para asegurar el desarrollo económico y la calidad de vida. Ese anuncio no prejuzga la decisión de fondo del tribunal sobre la petición de Argentina para que se prohíban las papeleras, y para la que no hay una fecha prevista, aunque se espera una agilización de los trámites.
 
Según Buenos Aires, la actividad de las dos papeleras causará un grave daño medioambiental al río, mientras que Montevideo niega ese perjuicio y resalta la importancia económica de esas dos instalaciones para su país. Tras años de conflicto sobre este tema sin conseguir una solución bilateral, el pasado mayo Argentina decidió elevar el litigio ante la CIJ, creada en 1946 por la Asamblea General de la ONU para dirimir en contenciosos entre Estados.
 
Argentina encontró la base jurídica de su denuncia contra Montevideo en el denominado Estatuto del Río Uruguay, tratado suscrito por ambos países en 1975. La violación de ese tratado se produjo, según los argentinos, porque Uruguay autorizó unilateralmente la construcción de las dos papeleras, propiedad de la firma española Ence y la finlandesa Botnia, en lugar de hacerlo bajo la gerencia común entre los dos países, como lo estipula ese acuerdo.

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