LD (EFE) En sus votos particulares, difundidos este martes, los cuatro consejeros coinciden en la conveniencia de imponer a E.On los demás requisitos, incluida la obligación de que el grupo alemán venda Endesa si un tercero compra más del 50 por ciento de E.On alemán y el mantenimiento de su domicilio social y del órgano de administración de la eléctrica en España.
Según destaca Javier Peón en su escrito, la enajenación propuesta por la CNE producirá un "intensísimo debilitamiento" de Endesa en España, lo que producirá, "paradójicamente, una intensificación de los riesgos" que el regulador pretende paliar.
En cuanto a las centrales nucleares, los cuatro consejeros coinciden en que la obligación de vender Ascó I es y ceder la gestión de las demás nucleares en las participa (Santa María de Garoña, Almaraz I y II, Ascó II, Vandellós II y Trillo) una medida "desproporcionada", innecesaria, e incluso "superflua", como la califica Martí Scharfhausen. Para ellos habría sido suficiente con obligar al grupo alemán a mantener todos los compromisos, obligaciones, acuerdos y formas de gestión desarrollados hasta ahora por la eléctrica en estas centrales y respetando la autonomía funcional de la actual Endesa en relación a su gestión.
En relación a las centrales que consumen carbón autóctono (Compostilla, Teruel y Anllares) se inclinan por medidas menos restrictivas que la enajenación. "Hubiera bastado con exigir compromiso de mantenimiento de las políticas a largo plazo de adquisiciones y contratos con los productores de carbón", según expone José Sierra, y el cumplimiento de los compromisos del Plan del Carbón. Javier Peón puntualiza que la obligación de vender estas centrales "no es entendible", ya que el consumo de carbón nacional está incentivado económicamente por el Gobierno, "por lo que no hay razón alguna por la que E.On vaya a desaprovechar las ventajas" de esos incentivos. Además, señala que los activos del carbón podrían beneficiarse por las asignaciones de los excedentes de emisiones de CO2 que el grupo alemán puede tener.
Según destaca Javier Peón en su escrito, la enajenación propuesta por la CNE producirá un "intensísimo debilitamiento" de Endesa en España, lo que producirá, "paradójicamente, una intensificación de los riesgos" que el regulador pretende paliar.
En cuanto a las centrales nucleares, los cuatro consejeros coinciden en que la obligación de vender Ascó I es y ceder la gestión de las demás nucleares en las participa (Santa María de Garoña, Almaraz I y II, Ascó II, Vandellós II y Trillo) una medida "desproporcionada", innecesaria, e incluso "superflua", como la califica Martí Scharfhausen. Para ellos habría sido suficiente con obligar al grupo alemán a mantener todos los compromisos, obligaciones, acuerdos y formas de gestión desarrollados hasta ahora por la eléctrica en estas centrales y respetando la autonomía funcional de la actual Endesa en relación a su gestión.
En relación a las centrales que consumen carbón autóctono (Compostilla, Teruel y Anllares) se inclinan por medidas menos restrictivas que la enajenación. "Hubiera bastado con exigir compromiso de mantenimiento de las políticas a largo plazo de adquisiciones y contratos con los productores de carbón", según expone José Sierra, y el cumplimiento de los compromisos del Plan del Carbón. Javier Peón puntualiza que la obligación de vender estas centrales "no es entendible", ya que el consumo de carbón nacional está incentivado económicamente por el Gobierno, "por lo que no hay razón alguna por la que E.On vaya a desaprovechar las ventajas" de esos incentivos. Además, señala que los activos del carbón podrían beneficiarse por las asignaciones de los excedentes de emisiones de CO2 que el grupo alemán puede tener.
Las discrepancias entre los cuatro consejeros vienen a la hora de abordar las condiciones relacionadas con los sistemas energéticos extrapeninsulares. Sierra cree que es una condición "discutible", pero la considera justificada por su peculiar situación (aislamiento del sistema continental, régimen de monopolio). "En definitiva, es en mi opinión, una decisión predominantemente, de carácter político", concluye.
Cármen Fernández Rozado se muestra conforme con la decisión de la CNE en todos sus términos y Fernanto Martí se opone, pero sin aportar explicación alguna. Por último, Javier Peón, autor del voto particular más extenso (casi 300 folios), indica que la especificidad de Baleares dejará de existir gracias a la construcción de una interconexión gasista y otra eléctrica y su integración en el sistema peninsular, circunstancia que hace innecesaria la obligación de vender los activos en el archipiélago.
Sobre Canarias, Ceuta y Melilla, Peón entiende que no se dan los riesgos argumentados en la resolución de la CNE, pero reconoce su situación singular, "ya que su españolidad se ve cuestionada por otros Estados", por lo que podría considerarse que la empresa energética de estos territorios siga ostentando en su matriz la nacionalidad española. No obstante, el consejero cree que existen menos riesgos para la seguridad del suministro en estos territorios si se mantienen todos los activos integrados en un gran grupo empresarial como el resultante de la adquisición, ya que Endesa continuaría siendo la cabecera del holding en España y el sur de Europa.