L D (Europa Press) El presidente sindical, José Ramón López Santamaría, ha afirmado este miércoles su preocupación ante la reforma del Código Penal. En declaraciones en Onda Cero, Santamaría ha calificado de "sin sentido" la reforma prevista, dada la saturación de las cárceles españolas. "La expulsión automática de irregulares que se enfrentaban a penas menores suponía que anualmente entre 1.600 y 1.800 extranjeros eran expulsados y cumplían condena en sus países de origen".
Según Santamaría, la presión social de aumentar la seguridad en la calle puede hacer los jueces ordenen el cumplimiento de la condena en las cárceles españolas. "Esto incrementará las cifras de presos y de gasto público". El presidente de la ACAIP ha calificado de crítica la situación actual de las cárceles españolas.
Si el ritmo de crecimiento se mantiene se podría alcanzar una cifra de 700.000 presos "una cifra disparatada para la población de este país". Ha apuntado que a día de hoy, hay casi 64.000 internos frente a las 31.600 plazas existentes en las cárceles españolas, lo que supone un porcentaje de hacinamiento cercano al 180 por ciento en el sistema penitenciario español. España se convierte así en el primer país en el ratio presos por cada 100.000 habitantes. "Esto no había ocurrido nunca y está provocando una quiebra del sistema penitenciario", ha señalado.
Dentro de muy poco tiempo, España se encontrará al límite del sistema porque, según a apuntado López Santamaría, "ya existe un número muy importante de centros modernos, denominados centros tipos, donde no puede haber más de 2 internos por celda". En estos centros no se pueden tener más población reclusa de la que ya hay, que ya supera los 1.800-1.900 internos, una cifra que para un único centro penitenciario supone "un peligro potencial".
Inmigrantes: un tercio del total de la población reclusa
Según los datos ofrecidos por Santamaría, los inmigrantes representan la tercera parte de la población reclusa, es decir 19.100 internos extranjeros. Una cifra que se ha ido incrementando de forma exponencial en los últimos 5 años.
La explicación se encontraría, según Santamaría en que los censos, que sitúan la población inmigrante en un 9 por ciento, no contemplan una población extranjera ilegal muy importante y, porque actualmente a muchos extranjeros sin papeles y sin arraigo en España se les detiene por la presunta comisión de un delito e ingresan en prisión sin que se les aplique ningún tipo de libertad provisional hasta el juicio, como ocurriría a un nacional.
En otro orden de cosas, calificado de "profundamente insolidaria" la transferencia a Cataluña de competencias penitenciarias " ya que la Administración Central asume toda la carga de los presos más peligrosos, incluidos islamistas y terroristas. Cataluña no tiene ninguno de estos presos, están todos en la Administración Central del Estado.