L D (Agencias) La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado que la decisión de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) de aprobar la OPA de E.ON sobre Endesa con 19 condiciones "está ajustada a la legalidad comunitaria", y ha subrayado que el análisis de la Comisión Europea (CE) en el sentido contrario es "preliminar".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el primero tras las vacaciones estivales, la vicepresidenta explicó que el Gobierno español se encuentra en "diálogo permanente" con la CE y que hasta el momento ha facilitado "toda la información" sobre el tema al Ejecutivo comunitario.
"Hemos mantenido la posición, que seguimos manteniendo, de que las decisiones adoptadas por la CNE están ajustadas a la legalidad comunitaria. Hay ahora un informe preliminar de la CE, puede haber discrepancias, pero estamos en permanente diálogo con la CE y esta es la fase del proceso en la que nos encontramos", declaró. "El Gobierno va mantener la posición que hasta ahora hemos mantenido, creemos que tenemos razón", insistió De la Vega.
También fue preguntada por una hipotética negociación con la empresa E.On para modificar las condiciones impuestas por el órgano regulador español, a lo que la vicepresidenta respondió que "el Gobierno no negocia con las empresas privadas", y añadió: "Lo hacen las empresas entre ellas".
Bruselas considera que las exigencias de la CNE violan las reglas europeas sobre libre movimiento de capitales y libertad de establecimiento y no son necesarias ni proporcionadas para la protección de esa seguridad pública, según informó este viernes el Ejecutivo comunitario. El pasado 3 de agosto la CNE envió a España una primera carta para pedir aclaraciones a la decisión del regulador energético que España contestó ocho días después. En su respuesta el Gobierno argumentó que las condiciones impuestas a la opa persiguen proteger el suministro energético de España en los mismos términos reconocidos por la propia Comisión y la legislación comunitaria.
España considera que la autorización condicionada de la CNE respeta los principios comunitarios de proporcionalidad, no discriminación y se ajusta a las normas de libre circulación de capitales y derecho de establecimiento, puesto que E.ON puede comprar Endesa si lo desea. Los asuntos energéticos son competencia de los estados miembros. La CNE aprobó el 27 de julio pasado la oferta de E.ON condicionada al cumplimiento de diecinueve requisitos, entre ellos la obligación de enajenar 7.390 megavatios (MW) de Endesa, un tercio de su potencia instalada en España.
E.ON deberá vender las centrales térmicas de la eléctrica que utilizan carbón nacional (Compostilla, Andorra y Anllares), los activos que tiene en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, la central nuclear de Ascó I, y ceder la gestión del resto de las nucleares participadas por Endesa: Santa María de Garoña, Almaraz I y II, Ascó II, Vandellós II y Trillo.
La CNE se reserva también la potestad de obligar a E.ON a vender la eléctrica española si durante los próximos diez años un tercero compra más del 50 por ciento del grupo energético alemán E.On tampoco podrá fusionarse con Endesa en diez años y deberá mantener el domicilio social de la eléctrica en España.
España considera que la autorización condicionada de la CNE respeta los principios comunitarios de proporcionalidad, no discriminación y se ajusta a las normas de libre circulación de capitales y derecho de establecimiento, puesto que E.ON puede comprar Endesa si lo desea. Los asuntos energéticos son competencia de los estados miembros. La CNE aprobó el 27 de julio pasado la oferta de E.ON condicionada al cumplimiento de diecinueve requisitos, entre ellos la obligación de enajenar 7.390 megavatios (MW) de Endesa, un tercio de su potencia instalada en España.
E.ON deberá vender las centrales térmicas de la eléctrica que utilizan carbón nacional (Compostilla, Andorra y Anllares), los activos que tiene en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, la central nuclear de Ascó I, y ceder la gestión del resto de las nucleares participadas por Endesa: Santa María de Garoña, Almaraz I y II, Ascó II, Vandellós II y Trillo.
La CNE se reserva también la potestad de obligar a E.ON a vender la eléctrica española si durante los próximos diez años un tercero compra más del 50 por ciento del grupo energético alemán E.On tampoco podrá fusionarse con Endesa en diez años y deberá mantener el domicilio social de la eléctrica en España.