LD (EFE) El portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, ha indicado a EFE que Bruselas recibió una misiva de Madrid en la que se pedía una ampliación del plazo inicial –que terminaba el 4 de septiembre– en siete días laborables, y la solicitud fue aceptada por la Comisión.
El pasado viernes, el Ejecutivo comunitario anunció que, tras una investigación preliminar, había concluido que la mayoría de condiciones impuestas por la CNE al proyecto de fusión de E.On y Endesa son incompatibles con la legislación comunitaria.
A su juicio, las exigencias de la CNE violan las reglas europeas sobre libre movimiento de capitales y libertad de establecimiento y, además, no se justifican por la seguridad pública y no son necesarias ni proporcionadas para la protección de esa seguridad pública.
Bruselas advirtió de que, si finalmente constata que las condiciones impuestas por el regulador español no respetan la normativa europea, las autoridades españolas tendrán que retirarlas. En caso de no aceptar el dictamen de la Comisión, España podría enfrentarse a una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Tras conocer las advertencias de Bruselas, el Gobierno español insistió en que la autorización condicionada de la CNE a la fusión de E.ON y Endesa se ajusta a la legalidad comunitaria, por lo que seguirá defendiendo ese argumento.
El pasado viernes, el Ejecutivo comunitario anunció que, tras una investigación preliminar, había concluido que la mayoría de condiciones impuestas por la CNE al proyecto de fusión de E.On y Endesa son incompatibles con la legislación comunitaria.
A su juicio, las exigencias de la CNE violan las reglas europeas sobre libre movimiento de capitales y libertad de establecimiento y, además, no se justifican por la seguridad pública y no son necesarias ni proporcionadas para la protección de esa seguridad pública.
Bruselas advirtió de que, si finalmente constata que las condiciones impuestas por el regulador español no respetan la normativa europea, las autoridades españolas tendrán que retirarlas. En caso de no aceptar el dictamen de la Comisión, España podría enfrentarse a una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Tras conocer las advertencias de Bruselas, el Gobierno español insistió en que la autorización condicionada de la CNE a la fusión de E.ON y Endesa se ajusta a la legalidad comunitaria, por lo que seguirá defendiendo ese argumento.