La carta a la que ha hecho caso Borrell iba firmada por Ignasi Guardans (ALDE), los socialistas Miguel Ángel Martínez, Inés Ayala y Maria Badia, Raül Romeva (Verdes-ALE) y Willy Meyer (Izquierda Unitaria Europea), y decían que Libicki resolvió "de forma unilateral" admitir la petición de la COPE "en contra de lo que establece el artículo 191 del Reglamento de la Cámara, que establece claramente que esa decisión corresponde a la comisión y no a su presidente".
El eurodiputado Luis Herrero presentó el pasado mes de enero una queja acompañada de 700.000 firmas para que se investigara la vulneración de la libertad de expresión de la cadena COPE en Cataluña. En concreto, las quejas se dirigían "contra la negativa de las autoridades regionales catalanas a renovar las licencias radiofónicas de la emisora de radio COPE en Cataluña (Tarragona, Manresa y Barcelona)". Rechazaban la justificación de la Generalitat para tomar esta decisión -que finalmente renovó la licencia- relativa a que la emisora de la Conferencia Episcopal "transmite programas anticatalanes que incitan al odio, la violencia y la división". Por el contrario, mantienen que se trata del "resultado de una campaña de denigración dirigida por el Partido socialista" y reclamó el amparo de la Eurocámara para "impedir una grave violación del derecho de libertad de expresión".
Guardans, que tachó la queja de Herrero de "show político de un eurodiputado y sus amigos", ha valorado muy positivamente la noticia y ha dicho que Borrell ha actuado "de forma muy sensata haciendo respetar el reglamento del Parlamento ante el desprecio que demostró Libicki con su decisión".
Se da la circunstancia de que el presidente de la Comisión de Peticiones tomó la decisión de admitir a trámite la queja de manera individual después de que los coordinadores de los grupos representados en ella no lograsen ponerse de acuerdo en tres ocasiones anteriores.