L D (Agencias) Los grupos parlamentarios de PP y CiU consideran que las Fuerzas de Seguridad del Estado debieron haber actuado de manera "inmediata" y "fulminante" para desalojar las pistas del aeropuerto de Barcelona-El Prat, que estuvieron ocupadas el pasado 28 de julio como consecuencia de una protesta de trabajadores de tierra de Iberia durante cerca de ocho horas, generando una situación de colapso en el tráfico aéreo con la Ciudad Condal.
Estas posturas fueron manifestadas este jueves en la comisión de Interior del Congreso, después de que el ministro del ramo, Alfredo Pérez Rubalcaba, defendiera las actuaciones de Guardia Civil, Policía Nacional y Delegación de Gobierno en Cataluña durante la gestión de la crisis de El Prat, asegurando que fueron "oportunas, prudentes y proporcionadas", basadas en criterios competenciales, de oportunidad y coordinación.
La diputada del PP, Alicia Sánchez Camacho, criticó que el desalojo no se llevara a cabo con mayor celeridad y expresó las dudas de su grupo en cuanto a si los efectivos desplegados inicialmente estaban especializados en antidisturbios o eran los que cubrían habitualmente los servicios del aeropuerto. Sánchez Camacho apuntó que los efectivos antidisturbios de la Guardia Civil llegaron a las 17.00 horas de Zaragoza, cuando, según sus informaciones, a primera hora de la mañana la Policía Nacional había puesto a disposición sus Unidades de Intervención Policial en Cataluña. Además, preguntó al ministro por qué la Delegación del Gobierno no aceptó al colaboración de los Mossos d'Esquadra, puestos a disposición por la Consejería de Interior de la Generalitat.
Riesgo para la seguridad aérea y de las personas
Alicia Sánchez Camacho acusó al ministro de Interior de "lavarse las manos" en el conflicto y poner en "riesgo extremo" la seguridad aérea y la de "muchas personas". Además, se mostró convencida de que el día de los hechos no había suficientes efectivos "cualificados" en el aeropuerto y que por ello tuvieron que recurrir a la Guardia Civil de Zaragoza, con los que se procedió al desalojo, dijo, una vez que llegaron. Una acusación, que contestó el ministro, quien aseguró que los agentes de Zaragoza llegaron a El Prat para relevar a los que habían prestado servicio durante ese día.
La diputada 'popular' señaló también que el desalojo no inmediato ante "la ocupación ilegal de un bien público estratégico, poniendo en riesgo la seguridad aérea del país", cuando había medios para desalojar las pistas, "sienta un precedente negativo". Para Sánchez-Camacho se tenía que haber actuado antes, al igual que para el diputado de CiU Jordi Jané y el representante de ERC Agustí Cerdá, quien aseguró que los trabajadores que ocuparon las pistas "entraban y salían con una tranquilidad absoluta", sin que ningún miembro de las Fuerzas de Seguridad lo impidiera.
Asimismo, Jordi Jané (CiU) criticó que la actuación de las Fuerzas de Seguridad no fuera más inmediata y también preguntó por qué no intervinieron los Mossos d'Esquadra. Para CiU, no intervenir antes fue una decisión "desacertada". Por otra parte, Jané arremetió contra el presidente de la Generalidad, Pascual Maragall, porque no hablase el 28 de julio "ni con la ministra de Fomento --Magdalena Álvarez-- ni con el ministro del Interior". El representante del PNV, Emilio Olabarría subrayó que "hay responsabilidades de naturaleza contractual, extracontractual, y responsabilidades penales para los trabajadores, que contradicen 18 tipos penales previstos en la legislación". Olabarría abogó por que se elabore una Ley de Huelgas, ya que "algún límite tiene que haber, hasta para el conflicto sindical".
En cambio, el representante de IU-ICV, Joan Herrera, aseveró que el principal responsable de lo ocurrido en el aeropuerto es el Ministerio de Fomento. "La situación que se ha vivido es porque algunas decisiones se toman desde demasiado lejos", apuntó en alusión a la gestión centralizada del sistema aeroportuario español. Herrera expresó asimismo el deseo de su grupo de que a la hora de asumir responsabilidades "la cabeza no sea la del menos responsable, como puede ser el director de El Prat". "Hay responsabilidades de Iberia y sus trabajadores, pero también evidentes responsabilidades sobre la gestión de la concesión del 'handling' y la fecha en que se resuelve", remarcó.
Se conocía la situación de los trabajadores
Según sus datos, tanto Fernando Palao --secretario general de Transportes-- como Manuel Azuaga --presidente de AENA-- había sido informados previamente por los sindicatos de que había una "situación complicadísima con la plantilla de tierra de Iberia". Igualmente, el diputado de ERC, Agustí Cerdà, afirmó que lo acontecido en El Prat "se debe básicamente a una cuestión de gestión". "Se fue tensando la cuerda entre Iberia y AENA e iba a saltar en cualquier momento, aunque no era previsible esta protesta". ERC pidió responsabilidades principalmente al Ministerio de Fomento.
El ministro de Interior respondió a los grupos parlamentarios que el problema principal era la huelga, por lo que había que actuar "sin agravar la tensión" y generando los mínimos riesgos para las personas, por lo que "se buscó el punto óptimo". Rubalcaba avaló las decisiones tomadas por el coronel de la Guardia Civil en El Prat, ya que "fue prudente y sensato". No obstante, el ministro afirmó que él mismo es el responsable político "en caso de que algo salga mal". A su juicio, "nadie podía imaginar que la asamblea de trabajadores iba a derivar en la protesta" y destacó que "desde primera hora de la mañana la Guardia Civil estaba preparada para proceder al desalojo. Por último, Rubalcaba expresó su escepticismo sobre que una Ley de Huelgas "arreglara este desaguisado".
Para el grupo parlamentario socialista, con las explicaciones de Rubalcaba "quedó suficientemente claro cómo y por qué las Fuerzas de Seguridad y el Gobierno actuaron así". "Pueden quedar dudas para la ciudadanía, pero debe valorarse que fue la actuación más idónea. Una actuación errónea habría retrasado el objetivo último, que era reanudar el servicio prestado en El Prat", sostuvo Antonio Hernando, y pidió responsabilidades por la acción "ilegal, injusta y violenta" de los trabajadores. Hernando destacó además que el delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, "actuó en coordinación con el resto de las autoridades desde el primer momento", y señaló que la intervención de los Mossos no fue necesaria porque "no había un problema de efectivos".