(Libertad Digital) Recientemente se ha cumplido un año del lanzamiento de la OPA de La Caixa sobre Endesa, con Gas Natural como medio. La operación pretendía hacerse con el control de la primera eléctrica de España a un precio de 21,3 euros, lo que valoraba la compañía en 22.551 millones de euros. Un precio que el mercado en seguida valoró como muy bajo. Además, la oferta adolecía de una falta de generosidad llamativa, ya que sólo pagaba en efectivo el 34,5 por ciento. Además contaba con la venta a Iberdrola de varios activos de Endesa, con lo que parte de la compra se podía financiar con esas ventas.
La operación era cumplimiento del punto número ocho del Pacto del Tinell, el que fijaba el programa de gobierno del tripartito en la Generalidad. Este punto preveía "actuar desde la Generalidad, en concertación con el sector privado para impulsar la creación o consolidación, en su caso, de empresas y operadores catalanes, públicos o mixtos, en sectores estratégicos (energía, telecomunicaciones e infraestructuras) siempre respetando las condiciones de mercado". Más adelante preveía "potenciar la existencia de centros de decisión empresarial en Cataluña de primer nivel en los mencionados sectores estratégicos". En las condiciones de la OPA de Gas Natural se preveía el traslado del centro de decisión de Madrid a Barcelona.
“Como sea”
La implicación del Gobierno con la operación era absoluta. El 9 de febrero de este año, Zapatero organizó una cena con 16 empresarios en Barcelona, en la casa particular del presidente de La Caixa, Ricard Fornesa. Un almuerzo en el que el mensaje era claro: "Hay que sacarla adelante como sea". En cada puesto clave de la operación, un socialista. En primera línea, el ministro de Industria, José Montilla, secretario general del PSC y futuro candidato por ese partido a la presidencia de la Generalidad.
El compromiso de Montilla con la operación no sólo era política, por lo que se refiere al Pacto del Tinell. Sino que su partido había suscrito una deuda de 14 millones impagados. La institución le condonó al PSC más de 6 millones de euros, algo que ocultó al Tribunal de Cuentas.
Pero ni La Caixa ni el Gobierno contaron con un elemento importante. Gas Natural había abierto el melón de Endesa, y su aroma llegaría más allá de nuestras fronteras. En concreto a Alemania, a la empresa E.On, que decidió hacer su propia oferta por Endesa. Llevaba tiempo en el punto de mira de E.On, por su presencia en Iberoamérica, pero el movimiento de La Caixa aceleró la decisión. Para la alemana, la compra de Endesa era una cuestión “estratégica”, no tanto de conveniencia política. Y, a diferencia de La Caixa, E.On iba a poner el dinero sobre la mesa: 27,5 euros por cada título, lo que valoraba la empresa española en 29.116 millones de euros, un 29,1 por ciento más. Y pagaderos al 100 por ciento en efectivo, nada de cambio de acciones. Las diferencias con la oferta de Gas Natural eran notables. La gasista no era rival para E.On.
La única posibilidad para que la operación de La Caixa saliera adelante pasaba por detener la oferta de la alemana, por no permitir a los accionistas de Endesa elegir la venta a E.On. Y el Gobierno no tardó en reaccionar. El mismo día en que la eléctrica alemana lanzó su oferta, el secretario de Estado Fernando Moraleda declaró que en sectores estratégicos el Gobierno quiere "empresas fuertes de matriz española", un discurso nacionalista –español– y proteccionista adoptado por el Ejecutivo, con la sola excepción, tibia, de Pedro Solbes, ministro de Economía.
El decretazo de la CNE
El Gobierno tenía que actuar rápido, y así lo hizo. Anunció, y poco después aprobó un decreto que ampliaba los poderes de la Comisión Nacional de la Energía, CNE, que ahora le permitirían imponer unas condiciones a una empresa extranjera (es decir, E.On), que fueran suficientes para abortar la oferta rival de la de Gas Natural. La Comisión Europea había advertido al Ejecutivo de que no aceptaría un movimiento como ese. Pero reapareció el “como sea”, y el Gobierno decidió aprobar el decretazo. Lo explicó, con enormes dificultades, el ministro Montilla. Efectivamente, el Gobierno no iba a perder tiempo y aprobó la OPA de E.On, pero con 19 condiciones muy duras, que restaban interés a la operación. Entre otras cosas, y tal como adelantó Libertad Digital, la venta de las centrales nucleares.
Se busca un “final feliz”
La Comisión Europea, que había observado con preocupación todo el proceso, estudió las condiciones impuestas a la empresa alemana y las declaró ilegales. La operación del Gobierno de detener a E.On se complicaba, y la oferta de Gas Natural, empresa que no tiene capacidad para igualar o mejorar la oferta rival, cada vez iba perdiendo presencia. El Gobierno poco podía hacer para hacerla valer, de modo que giraba su posición hacia un posible acuerdo con Alemania al respecto.
El Partido Socialista adelantó que el Gobierno estaba abierto a negociar las condiciones impuestas por la CNE. La prensa alemana hablaba ya de acuerdo, con Carlos Solchaga como mediador. El sucesor de Montilla, Joan Clos, apunta en el mismo sentido, pero pactando con la CE. Mientras, Bruselas advierte hasta en tres ocasiones de que no aceptará un pacto entre Alemania y España que incluya condiciones impuestas por la CNE que ya ha declarado ilegales. El comisario de Economía, Joaquín Almunia, recuerda que “se equivoca” quien actúe “al margen” de la Comisión. Poco antes, Bruselas había advertido de que un pacto bilateral podría llevar al mercado único al caos.