L D (Agencias) El acuerdo aprobado sobre el uso conjunto civil del aeropuerto permite como principal novedad el establecimiento de vuelos domésticos desde el Peñón a cualquier otro aeropuerto de España y viceversa sin que haya controles policiales españoles o gibraltareños. De esta forma, un ciudadano de La Línea de la Concepción o Algeciras podrá viajar a Madrid o Barcelona desde el aeropuerto de Gibraltar sin tener que presentar DNI o pasaporte en un control policial. En cambio, si el viajero español o extranjero tiene como destino final la localidad de Gibraltar, entonces será controlado en la propia terminal por las autoridades españolas ya que estará saliendo del espacio europeo de Schengen.
Por el momento, este acuerdo sólo se contempla para vuelos españoles y la aplicación de las normas europeas se realizará de manera progresiva. Se excluye del acuerdo el tráfico militar, que habrá que tratarlo en otro momento, anunciaron fuentes diplomáticas españolas. En este espinoso asunto se salvaguardan las posiciones de cada parte en torno a la soberanía del istmo. El acuerdo sobre el aeropuerto establece que habrá una única terminal al sur de la Verja -es decir en territorio gibraltareño--, contigua al vallado y con acceso desde el norte a la terminal, lo que supone que habrá un acceso directo a la terminal desde el lado español.
La controvertida cuestión de la presencia de guardias civiles y policías en la terminal única del aeropuerto se solventa con la construcción de una terraza o voladizo en un extremo de la misma que 'penetrará' en territorio español. Así, los miembros de las Fuerzas de Seguridad españolas pasarán cada día a la terminal -y por extensión, al istmo que controla Gibraltar--, y realizarán su trabajo de control de pasaportes dentro de ella, pero en la práctica estarán en territorio español. Este acuerdo de España, Reino Unido y Gibraltar cubre tanto a pasajeros como a equipajes y mercancías y la inversión económica de las obras será gibraltareña en exclusiva. Además, el uso conjunto del aeropuerto se concreta en dos medidas concretas.
La primera es la gestión comercial, que será compartida y la realizará una nueva empresa mixta hispano-gibraltareña -en principio AENA será la responsable de la parte española-- en todo lo que afecte a la terminal ya que la pista y la torre de control seguirán siendo de control exclusivo militar británico. En segundo lugar, se creará un comité mixto tripartito para examinar las incidencias que se puedan crear en el funcionamiento civil y militar del aeropuerto.
En 1987, para hacer posible la liberalización de los vuelos intracomunitarios, España y Reino Unido llegaron a un primer acuerdo para el reparto del control de los pasajeros entre dos terminales --una española y otra británica a ambos lados de la Verja en este caso--, estableciéndose un mecanismo de consultas bilaterales para la concesión de derechos de tráfico a terceros. Sin embargo, los gibraltareños, que participaron en la negociación del acuerdo, se opusieron posteriormente a la aplicación del mismo y el Ejecutivo gibraltareño de entonces --presidido por Joe Bossano-- justificó su rechazo por suponer un paso atrás en su soberanía.
Para solventar una situación que se estimaba sería transitoria en 1987, España y Reino Unido acordaron la incorporación de dos cláusulas en las normas comunitarias sobre transporte aéreo que suspendieron la aplicación de las mismas en Gibraltar hasta que no se pusiese en aplicación el acuerdo sobre el aeropuerto. A partir de este nuevo acuerdo se levantarán progresivamente las restricciones para vuelos civiles y Gibraltar formará parte en el futuro del espacio de 'cielos abiertos' vigente en la Unión Europea.
El Reino Unido, a lo largo del siglo XIX, fue ocupando progresivamente, por la vía de los hechos, parte del istmo sobre el que se asienta en la actualidad la pista y terminal del aeropuerto. España nunca ha dado su aquiescencia a la ocupación del mismo, que considera ilegal. En 1810 y en plena Guerra de la Independencia, el gobernador de Gibraltar ordenó volar los fuertes de San Felipe y Santa Bárbara. Luego, en 1815 y 1854, unas epidemias de fiebre amarilla hicieron que las autoridades españolas tolerasen, por razones humanitarias, la instalación de campamentos provisionales en la zona del istmo que, posteriormente, darían lugar a instalaciones permanentes.
Así, Londres construyó en 1909 una verja en el límite norte de la franja del istmo, ocupando sin título legal unos 800 metros del mismo, según la Diplomacia española. Luego, empezó a utilizar en 1935 una pista de aviación, que en 1938, durante la Guerra Civil española, se alargó adentrándose más de medio kilómetro en aguas de la Bahía de Algeciras. En la actualidad, el istmo tiene una extensión de aproximadamente un kilómetro cuadrado. España ni ha cedido ni reconoce soberanía británica alguna sobre el istmo. Por el contrario, los sucesivos Gobiernos españoles entienden que la ocupación del istmo es ilegal y contraria a los principios del Derecho Internacional.