LD (Europa Press) El comisario responsable de Ampliación, Olli Rehn, se felicitó del "hito" que supone incorporar a Bulgaria y Rumanía al club europeo y expuso las obligaciones que tendrán delante de sí antes y después del momento en el que se haga efectivo su ingreso. Así, dejó claro que si los países no cumplen los objetivos marcados se adoptarán medidas de salvaguardia. De igual forma, destacó que si existen sospechas o se detectan casos irregulares o de fraude se interrumpirán estos fondos. Además de las medidas de salvaguarda se podrán tomar medidas de control si se detectan irregularidades.
En su informe, la Comisión habla del "riesgo real" de que el sistema de gestión de los fondos agrícolas no funcione de manera correcta en el momento de la adhesión, dado que en los dos países el calendario establecido para ponerlo en marcha es muy ajustado porque se empezó muy tarde a prepararlo. Como estos fondos suponen el 80% de los gastos agrícolas de Rumanía y Bulgaria, Bruselas juzga muy importante que el sistema de gestión funcione correctamente.
La Comisión Europea informará regularmente al Parlamento Europeo y, en su caso, podrá invocar cláusulas de salvaguarda de manera que la adhesión no pongan en entredicho el funcionamiento de la UE. Se establecerá también un mecanismo para verificar los progresos después de la adhesión. Tanto Rumanía como Bulgaria deberán rendir cuentas cada dos años y tendrán que presentar un primer informe antes del 31 de marzo de 2007. Luego, el Ejecutivo comunitario dará las líneas directrices para apoyar el proceso de reformas e informará al Parlamento Europeo y al Consejo como muy tarde en el mes de junio. Los informes de Bruselas dirán si se han alcanzado los objetivos, y, si fuera necesario, pedirá a los países más esfuerzos. Este mecanismo estará en vigor hasta que se alcancen los objetivos marcados por la Comisión.
Basándose en el informe dado a conocer este martes, Bruselas pide a Bulgaria modificar la Constitución para garantizar la independencia del sistema judicial; garantizar procesos judiciales transparentes; investigar las acusaciones de corrupción de alto nivel y publicar informes sobre las inspecciones internas; prevenir y combatir la corrupción tanto en las fronteras como en el seno de la administración local y luchar contra el crimen organizado, el blanqueo de capitales y confiscar los bienes derivados de actos delictivos.
En el caso de Rumanía, se le exige también garantías en materia judicial, crear una agencia del patrimonio para evitar conflictos de intereses, investigar la corrupción de alto nivel y combatir la generada en la administración local.