(Libertad Digital) En sendos comunicados, las organizaciones denunciantes esgrimen diferentes motivos para oponerse a la instrucción de este asunto por parte de Garzón. La asociación de víctimas dice que la Audiencia Nacional no es competente para investigar los delitos de falsedad denunciados, por lo que las resoluciones de Garzón serían nulas de pleno derecho, mientras que España y Libertad cree que es posible que Garzón no examine los hechos denunciados "con la debida imparcialidad".
Garzón, por su parte, ya ha citado para el próximo jueves a cuatro de los responsables policiales denunciados. Según estas denuncias, los peritos habrían falseado sus informes en lo relativo al hallazgo de ácido bórico en el domicilio de uno de los procesados por el 11-M, Hassan El Haski, omitiendo que esta misma sustancia se halló en el registro de la casa de un etarra tres años antes. España y Libertad formuló su denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que derivó las actuaciones a Garzón tras comprobar que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ya investigaba a El Haski, por un presunto delito de terrorismo, en el sumario en el que instruye los atentados cometidos en Casablanca (Marruecos) el 16 de mayo de 2003. Las pesquisas sobre el informe presuntamente falso se tramitan como una pieza separada de este sumario, el 9/03.
La plataforma considera que la apertura de esta pieza separada supondrá, por parte de Garzón, "una investigación secundaria que podría acabar en la apertura de otras diligencias previas contra los denunciados o en un archivo por no considerar relevantes para la investigación las divergencias entre el informe original y el presentado ante el juzgado". España y Libertad presentó en su día una queja contra Garzón ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "para que se le abriera expediente disciplinario por considerar que sus decisiones sobre la autorización de la celebración de concentraciones presuntamente convocadas por Batasuna estaban basadas en criterios de oportunidad política, y no en estrictas razones jurídicas".
A favor de las garantías legales
Indica que la declinatoria formulada "no trata de buscar un juez más favorable", sino un proceso "con todas las garantías legales", puesto que los delitos denunciados "no son delitos que competa investigar a la Audiencia Nacional". Sin embargo, la plataforma presentó su denuncia ante la Fiscalía de éste órgano.
En la formulación de su declinatoria, la Asociación de Apoyo a las Víctimas del 11-M señala igualmente que la falsedades documentales y el encubrimiento "son delitos comunes que deben ser enjuiciados por los tribunales ordinarios, "y no por un tribunal especial como es la Audiencia Nacional, cuyas normas atributivas de competencia deben ser interpretadas restrictivamente". Recuerda que el proceso abierto a El Haski por los atentados de Casablanca no se consideró en su momento, "acertadamente", conexo del que se abrió como consecuencia de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, "y no cabe justificar legalmente de ninguna manera la competencia para instruir la causa relativa a la falsedad documental por parte de los Juzgados Centrales de Instrucción".
"La cuestión acerca de quien era el propietario de la sustancia analizada resulta irrelevante en relación con la presunta falsificación del informe que la analiza -según esta parte-, pues ésta puede investigarse y enjuiciarse de forma completamente independiente da las causas de terrorismo que afectan al citado Hassan El Haski".
En la denuncia de España y Libertad, que es la que de momento tramita Garzón, se acusa al comisario jefe de la Policía Científica, Ángel Santano; al jefe de Análisis de la Policía Científica, José Andradas; y al jefe de Analítica de este mismo cuerpo policial, Francisco Ramírez. A este último se le acusa también de un delito de falso testimonio por haber firmado el informe supuestamente modificado.