(Libertad Digital) El ex director general del FEGA ha comentado, tras conocer la decisión de la Audiencia Nacional, que "ahora el caso perderá interés mediático porque se han quedado sin muñeco".
Para Jaime Ignacio del Burgo, diputado de UPN (Unión del Pueblo Navarro) y ponente del Grupo Popular en la Comisión parlamentaria sobre el llamado "caso del lino", el interés político persiste, pero cambia de foco, ya que entre los 18 imputados hay dirigentes de la Unión de Pequeños Agricultores en Zamora, de la que fue secretario general Fernando Moraleda –actual secretario de Estado de Comunicación– cuando una de las empresas cooperativas dependiente de la UPA presuntamente perpetró un fraude millonario con las subvenciones europeas.
El diputado popular ha subrayado la responsabilidad de José Bono en la infundada campaña política contra la ex ministra Loyola de Palacio. "Por su denuncia electoralista de un fraude generalizado estamos a las puertas de una sanción de 120 millones de euros de la UE", anota el parlamentario, en declaraciones a Libertad Digital. "No había tal fraude generalizado, como se comprueba con la decisión de la Audiencia Nacional de circunscribir los indicios delictivos a un número muy concreto de personas", subraya.
Jaime Ignacio del Burgo repara, además, en las anomalías de la instrucción del caso por el juez Baltasar Garzón. "No sólo es que haya tardado más de cuatro años en instruir un caso relativamente sencillo, sino que algunas de sus decisiones más significativas, por sus implicaciones políticas, vuelven a ser desautorizadas", explica el diputado, que recuerda cómo el auto por el que imputó en el caso al antiguo director general del FEGA, ahora excluido del proceso por la Audiencia Nacional, se hizo público tres días antes de las Elecciones Autonómicas de 2003 "y José Bono, a quien une una reconocida amistad con Garzón, lo esgrimió en su mitin del cierre de campaña, celebrado en Toledo".