L D (Europa Press) Garzón, a instancia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, renunció el pasado jueves a investigar la falsificación del informe y remitió todas las actuaciones al juez decano de Instrucción de Madrid, para que éste decidiese el órgano judicial que proseguiría la investigación de los hechos. La investigación recayó por normas de reparto en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid.
El magistrado se hizo cargo de la investigación después de que la Fiscalía le remitiese una denuncia de España y Libertad sobre el informe sobre ácido bórico localizado en el domicilio de Hassan El Haski, uno de los procesados en el sumario del 11-M. Garzón tiene abierta una causa contra el Haski por los atentados cometidos en mayo de 2003 en Casablanca (Marruecos).
Por otro lado, la juez Gallego también ha desistido de la cuestión de competencia que ya había presentado ante el Tribunal Supremo, después de que la deducción de testimonio enviada por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional haya llegado al Decanato de los Juzgados de Plaza Castilla.
Acumulación de la investigación
La juez tomó declaración el pasado viernes a los otros dos peritos, Manuel Escribano e Isabel López, quienes tienen previsto pedir la acumulación en este juzgado de Instrucción de las investigaciones judiciales abiertas por la presunta falsificación del informe del ácido bórico.
Igualmente, los peritos Escribano y López Cidad pedirán, además de la acumulación de esta causa a la que ya instruye la juez Gallego contra sus superiores, que sea declarada la nulidad de todo lo actuado hasta el momento por Garzón, por contravenir el artículo 238 de la Ley orgánica del Poder Judicial.
Dicho artículo señala que los actos procesales serán nulos de pleno derecho cuando, entre otras causas, se produzcan ante un tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se realicen bajo violencia o intimidación, según las mismas fuentes.
Estas comparecencias se realizaron en el marco de la querella presentada por la Asociación de Ayuda a los Afectados del 11-M, que se dirige contra varios de sus superiores, entre ellos el ex comisario general de Información Telesforo Rubio.