L D (EFE) La Sala Primera del Constitucional explica en un auto que no puede "sustituir a los órganos parlamentarios en la tarea interpretativa de las normas jurídicas que deben aplicar ni juzgar su acierto". Concluye que "la demanda carece de contenido constitucional que justifique un pronunciamiento sobre el fondo".
El PP alegó en su recurso, presentado en junio de 2005, que los acuerdos de la Mesa del Congreso que acordaron admitir a trámite el proyecto de Ley de restitución a la Generalitat catalana de documentos de la Guerra Civil habían "lesionado" las condiciones de igualdad de los funcionarios y los cargos públicos.
Argumentó que la iniciativa legislativa del Gobierno constituyó "un acto reglado y sometido a la Ley del Gobierno y la Constitución, cuyo artículo 88 indica que los proyectos de ley irán acompañados de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos".
En su recurso, el Grupo Parlamentario Popular pidió también la nulidad de dos acuerdos de la Mesa, acordados el 26 de abril y 10 de mayo de 2005, en los que ésta rechazó pedir al Ejecutivo unos informes de la Junta Superior de Archivos y del Patronato del Archivo General de la Guerra Civil, que acompañaron la documentación aportado sobre el Proyecto de Ley del Gobierno.
Verificar la viabilidad
El TC recuerda al PP que a la Mesa "le compete, por estar sujeta al ordenamiento jurídico, en particular a la Constitución y a los Reglamentos parlamentarios que regulan sus atribuciones y funcionamiento, verificar la viabilidad procesal de las iniciativas, examinando si las iniciativas cumplen los requisitos formales exigidos por la norma reglamentaria".
Agrega que a la Mesa le corresponde interpretar "qué materiales son imprescindibles en cada ocasión para poder realizar adecuadamente el control formal que se plasma en la calificación y en la decisión sobre la admisibilidad de los proyectos de ley, y para que el debate legislativo se realice con plena libertad de decisión".
Igualmente, el Constitucional afirma que la interpretación de la Mesa del Congreso "no es arbitraria, ni incurre en error manifiesto", por lo que asegura que "en nada lesiona los derechos o las facultades de los parlamentarios".
Diálogo con la Generalidad
El Congreso de los Diputados aprobó el 18 de mayo de 2004 una proposición no de ley, que instaba al Ejecutivo a iniciar un diálogo con la Generalidad de Cataluña para resolver el litigio planteado sobre los documentos del Archivo de Salamanca que fueron incautados en la Guerra Civil.
El Gobierno remitió al Congreso en diciembre de 2004 un informe relativo al cumplimiento de dicha proposición y presentó en abril de 2005 el Proyecto de Ley de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos del Archivo de Salamanca incautados en la Guerra Civil. Ese mes, la Mesa del Congreso acordó encomendar la aprobación del Proyecto a la Comisión de Cultura.
El Grupo Parlamentario Popular solicitó la suspensión de la tramitación del Proyecto en un escrito, en el que también pedía a la Mesa que instase al Gobierno para que remitiera a la Cámara los informes preceptivos previos de la Junta Superior de Archivos y del Patronato del Archivo General de la Guerra Civil.
La Mesa acordó comunicar en abril al PP que no procedía recabar del Ejecutivo los citados informes y en mayo acordó también desestimar otra solicitud de reconsideración del acuerdo.