LD (EFE) Esa modificación respecto al anteproyecto se ha realizado a petición del Consejo de Estado, explicó en la rueda de prensa celebrada en La Moncloa el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, quien destacó que el resto del texto se mantiene sin cambios, desde la paridad en las listas electorales, hasta el permiso de paternidad de ocho días.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, consideró que se daba "un paso de gigante en el camino para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres" y subrayó que, con esa ley, España se coloca entre los países más avanzados del mundo en derechos ciudadanos.
La ley, como explicó Caldera, busca eliminar cualquier tipo de discriminación hacia la mujer, poner coto al acoso sexual, facilitar la conciliación laboral y personal, garantizar la igualdad en el empleo, en los salarios y en la promoción profesional, incluso mediante acciones positivas, y garantizar una representación equilibrada de ambos sexos en la vida pública.
El proyecto modifica la ley electoral y establece que en las listas electorales cada sexo no podrá tener una representación inferior al 40 por ciento, en cada tramo de cinco puestos, exigencia no aplicable en los municipios de menos de 5.000 habitantes.
Si en el anteproyecto se instaba a las empresas a lograr esa paridad de sexos en los consejos de administración en cuatro años, incorporando, al menos, un 10 por ciento anual de mujeres, en el texto que se remitirá la próxima semana al Congreso el plazo se amplía a ocho años, sin exigencias anuales.
Caldera, quien subrayó que se mantienen los incentivos en la contratación pública para las empresas que más se acerquen a la representación equilibrada de sexos, reconoció que ese punto era uno de los problemas denunciados por la CEOE, aunque, aseguró, la patronal compartía los principios esenciales de la ley.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, consideró que se daba "un paso de gigante en el camino para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres" y subrayó que, con esa ley, España se coloca entre los países más avanzados del mundo en derechos ciudadanos.
La ley, como explicó Caldera, busca eliminar cualquier tipo de discriminación hacia la mujer, poner coto al acoso sexual, facilitar la conciliación laboral y personal, garantizar la igualdad en el empleo, en los salarios y en la promoción profesional, incluso mediante acciones positivas, y garantizar una representación equilibrada de ambos sexos en la vida pública.
El proyecto modifica la ley electoral y establece que en las listas electorales cada sexo no podrá tener una representación inferior al 40 por ciento, en cada tramo de cinco puestos, exigencia no aplicable en los municipios de menos de 5.000 habitantes.
Si en el anteproyecto se instaba a las empresas a lograr esa paridad de sexos en los consejos de administración en cuatro años, incorporando, al menos, un 10 por ciento anual de mujeres, en el texto que se remitirá la próxima semana al Congreso el plazo se amplía a ocho años, sin exigencias anuales.
Caldera, quien subrayó que se mantienen los incentivos en la contratación pública para las empresas que más se acerquen a la representación equilibrada de sexos, reconoció que ese punto era uno de los problemas denunciados por la CEOE, aunque, aseguró, la patronal compartía los principios esenciales de la ley.