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La juez Gallego suspende la personación del abogado del Estado en el caso de los peritos hasta que aclare en concepto de qué lo hace

La juez Gemma Gallego, que dio un vuelco en el caso del ácido bórico, ha dictado un auto en el que acuerda "dejar sin efecto la personación" del abogado del Estado, "en tanto no se justifique en debida y legal forma, la condición que le corresponde ostentar en estas diligencias". El Gobierno recurrió al abogado del Estado para pedir la nulidad de las actuaciones de la juez Gallego, después de que imputase al jefe de Analítica de la Policía Judicial, Francisco Ramírez, el presunto delito de falsificación del informe que relacionaba el hallazgo del ácido bórico en el piso de un procesado por el 11-M y otro de ETA. El mando que retiró las referencias a ETA ha justificado su actuación, en su declaración de este martes, porque, según dijo, no eran propias de un informe pericial, y la juez ha mantenido su imputación.

La juez Gemma Gallego, que dio un vuelco en el caso del ácido bórico, ha dictado un auto en el que acuerda "dejar sin efecto la personación" del abogado del Estado, "en tanto no se justifique en debida y legal forma, la condición que le corresponde ostentar en estas diligencias". El Gobierno recurrió al abogado del Estado para pedir la nulidad de las actuaciones de la juez Gallego, después de que imputase al jefe de Analítica de la Policía Judicial, Francisco Ramírez, el presunto delito de falsificación del informe que relacionaba el hallazgo del ácido bórico en el piso de un procesado por el 11-M y otro de ETA. El mando que retiró las referencias a ETA ha justificado su actuación, en su declaración de este martes, porque, según dijo, no eran propias de un informe pericial, y la juez ha mantenido su imputación.
L D (Europa Press) La juez de Instrucción número 35 de Madrid Gemma Gallego responde al escrito y el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la negativa de la magistrada a dejarle asistir a la declaración del pasado viernes del jefe de Analítica de la Policía Judicial, Francisco Ramírez, y contra el secreto del sumario decretado.
 
La declaración de Ramírez como imputado supuso un vuelco en el caso, después de que Garzón se tuviese que inhibir por no ser competencia de la Audiencia Nacional. Garzón, que dictó dos autos responsabilizando a los tres peritos del delito de falsificar su propio informe, trató con una maniobra jurídica impedir que el caso llegase al juzgado de Gemma Gallego. Finalmente no lo logró, y tras llegar el sumario Plaza de Castilla la juez Gallego imputó un presunto delito de falsificación a Francisco Ramírez, y no a los tres peritos como pretendía, en sintonía con las tesis gubernamentales, Baltasar Garzón. Ante este revés el Gobierno recurrió al abogado de Estado para pedir la nulidad de las actuaciones de la Juez Gallego.
 
El auto de dos páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, que acuerda "dejar en suspenso" la personación del abogado del Estado, la juez recuerda las expresiones utilizadas por el abogado del Estado para justificar su personación en la causa como que lo hacía como "perjudicado" o "responsable civil", al encontrarse imputados funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
 
A continuación, el auto explica que "la atribución que pretende la doble consideración procesal de 'perjudicado' y, simultáneamente, 'responsable civil', adolece de indeterminación, incluso de incompatibilidad, y sin duda dificulta la adecuación del tratamiento procesal que, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, corresponde otorgar personación interesada". Según la juez, tampoco aparece en la jurisprudencia ningún precedente salvo un caso de 1991 relativo a la malversación de caudales, "que, desde, no parece aplicable al delito de falsedad que está siendo investigado", afirma el auto.
 
Por ello, suspende la personación de la Abogacía del Estado hasta que aclare en concepto de qué lo hace. La abogacía del Estado recurrirá en los próximos días la resolución de la magistrada. En su recurso el abogado del Estado pedía la nulidad de actuaciones por no habérsele permitido asistir a la declaración de Ramírez, a pesar de que se autorizó la personación de la Abogacía del Estado el pasado día 13, en nombre de la Administración, ya que al estar imputados responsables policiales, el Estado podría terminar siendo considerado responsable civil subsidiario de lo sucedido.

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