LD (Eurpa Press) En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega ha dicho que a la respuesta la resolución de los cinco recursos presentados contra el dictamen del regulador, se realizará "dentro de los plazos previstos y de acuerdo con al legislación comunitaria"
De la Vega no ha querido pronunciarse sobre el contenido de la respuesta que emitirá el Gobierno español. No obstante ha admitido que "se está hablando del cambio en algunas de las condiciones impuestas, pero entiendan que no quiera entrar en especulaciones".
Por su parte, fuentes de Industria han explicado que el departamento que dirige Joan Clos presentará en las próximas 48 horas su respuesta a los cinco recursos presentados contra el dictamen del regulador, cuyas condiciones fueron consideradas ilegales por Bruselas.
A través de esta resolución se dará también respuesta al requerimiento a la carta de emplazamiento que le remitió la Comisión Europea, como primer paso de un procedimiento de infracción, por no haber levantado las condiciones impuestas por la CNE al grupo alemán.
Las mismas fuentes han precisado que el Ministerio no remitirá, en principio, una carta de explicación al Ejecutivo comunitario, sino que el Gobierno de España informará a la Comisión mediante el anuncio público de esta resolución.
Según De la Vega, el Gobierno intentará buscar una solución "equilibrada" en esta resolución atendiendo a los requerimientos de Bruselas, así como a cada una de las alegaciones presentadas, sin olvidar la situación de España como "isla energética".
No se descarta acudir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo
Desde Industria han asegurado que el Gobierno intentará negociar y mantener un vía de diálogo con la Comisión Europea sobre el dictamen de la CNE, aunque no descarta acudir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. En concreto, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero está estudiando la acción a seguir, aunque su voluntad es aproximar "en lo posible, las dos opiniones, y en aquello donde no sea posible llegar a un consenso será trasladado al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea".
Las condiciones de la CNE
El pasado 27 de julio la CNE estableció, entre otras condiciones, que E.ON deberá vender la central nuclear de Ascó I, ceder la gestión de las centrales nucleares en las que participa, deshacerse de los activos de generación y distribución eléctrica en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla y enajenar las centrales incluidas en el Plan del Carbón 2006-2012.
Contra esta decisión se presentaron cinco recursos de alzada ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que fueron formulados por E.ON, Endesa, Iberdrola, Gas Natural y la Asociación de Accionistas de Empresas Energéticas.
En su recurso de alzada, E.ON pide que se eliminen las condiciones relativas a la venta de activos y la que fija la revocación de la autorización si el grupo alemán incumple una sola de las condiciones, mientras que el de Endesa se centra en desmontar las condiciones que implican el "troceamiento" de la empresa y las desinversiones en activos.
Por su parte, Gas Natural ha rechazadola autorización de la operación, al considerar que E.ON supone un riesgo para el abastecimiento, para las actividades reguladas y para la plantilla, e Iberdrola pide que se anule la operación y, con caracter subsidiario, que se obligue a E.ON a vender las nucleares de Endesa.
El pasado 3 de octubre, el regulador de los mercados energéticos se ratificó en su decisión del pasado 27 de julio de aprobar, con diecinueve condiciones, la OPA de E.ON sobre Endesa, dejando en manos de Industria la resolución de este asunto, quien ahora tiene la dificil tarea de no dejar por los suelos la labor del ex ministro José Montilla y la gestión del Gobierno en general en este proceso.