L D (EFE) George W. Bush firmó la ley cuando faltan menos de dos semanas para los comicios legislativos y el tema de la inmigración ilegal se ha convertido en un arma arrojadiza para ambos partidos. Se calcula que alrededor de doce millones de inmigrantes viven en las sombras en EEUU, sin contar los miles que continúan entrando, y qué hacer con ellos es algo que ha polarizado a los votantes y a los distintos actores políticos de este drama.
Bush reconoció que la inmigración ilegal ha aumentado porque "desafortunadamente, Estados Unidos no ha tenido el control absoluto de sus fronteras durante décadas". Asimismo, Bush destacó los logros de su Gobierno para aumentar la seguridad en la frontera sur y recordó que los fondos para ello han aumentado de 4.600 millones de dólares en 2001 a 10.400 millones este año.
Además, el Gobierno federal ha detenido y deportado a más de seis millones de inmigrantes indocumentados, ha incrementado de 9.000 a 12.000 el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y, para fines del 2008, cuando concluirá el segundo mandato de Bush, prevé haber duplicado esa cifra. La "Ley del Muro", explicó Bush, "ahonda en estos progresos".
El muro tiene un costo que oscila entre 2.000 millones y 9.000 millones de dólares y esta ley no autoriza fondos para su construcción. Una partida inicial para ese proyecto, de aproximadamente 1.200 millones, fue incluida en el presupuesto para el año fiscal 2007 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Entre otros elementos, la ley estipula la construcción de un doble muro de más de 1.126 kilómetros de largo, además de barreras para vehículos y puntos de control, y el uso de alta tecnología militar para la vigilancia fronteriza, resumió Bush.
Sin embargo, subrayó que trabajará con el Congreso para encontrar "un punto medio razonable" entre la amnistía y la deportación masiva de los indocumentados. Bush reiteró que apoya un programa de trabajadores huéspedes "para reducir las presiones en la frontera", una idea rechazada por los republicanos más conservadores, que la interpretan como una amnistía para los inmigrantes clandestinos.
Pero Bush aclaró que se opone a una amnistía porque, según él, los millones de "sin papeles" que ya se encuentran en EEUU no merecen "una vía automática para la ciudadanía". En la ceremonia de hoy se encontraban presentes el patrocinador de esta ley en la Cámara de Representantes, el republicano Peter King; el vicepresidente Dick Cheney; los líderes de la mayoría republicana en la Cámara Baja, John Boehner, y en el Senado, Bill Frist, así como el jefe de la Patrulla Fronteriza, David Aguilar, entre otros.
Ninguno hizo declaraciones a los periodistas pero, poco después, muchos legisladores republicanos, entre ellos Frist y el presidente de la Cámara Baja, Dennis Hastert, hicieron elogios de la ley y tildaron a la oposición de "obstruccionista" y de no ofrecer soluciones al problema. Mientras, los principales líderes demócratas del Congreso, desde la legisladora Nancy Pelosi hasta los senadores Harry Reid y Edward Kennedy, destacaron el "fracaso catastrófico" de la política migratoria de EEUU.
El muro es muy costoso, podría perjudicar las relaciones con México y en vez de disuadir a la inmigración ilegal, la desviará a sitios más peligrosos en la franja sur, señala la oposición. Este "muro de la vergüenza", como lo denominan sus detractores, ha causado malestar en México, el socio comercial más importante de EEUU después de Canadá.
Bush reconoció que la inmigración ilegal ha aumentado porque "desafortunadamente, Estados Unidos no ha tenido el control absoluto de sus fronteras durante décadas". Asimismo, Bush destacó los logros de su Gobierno para aumentar la seguridad en la frontera sur y recordó que los fondos para ello han aumentado de 4.600 millones de dólares en 2001 a 10.400 millones este año.
Además, el Gobierno federal ha detenido y deportado a más de seis millones de inmigrantes indocumentados, ha incrementado de 9.000 a 12.000 el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y, para fines del 2008, cuando concluirá el segundo mandato de Bush, prevé haber duplicado esa cifra. La "Ley del Muro", explicó Bush, "ahonda en estos progresos".
El muro tiene un costo que oscila entre 2.000 millones y 9.000 millones de dólares y esta ley no autoriza fondos para su construcción. Una partida inicial para ese proyecto, de aproximadamente 1.200 millones, fue incluida en el presupuesto para el año fiscal 2007 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Entre otros elementos, la ley estipula la construcción de un doble muro de más de 1.126 kilómetros de largo, además de barreras para vehículos y puntos de control, y el uso de alta tecnología militar para la vigilancia fronteriza, resumió Bush.
Sin embargo, subrayó que trabajará con el Congreso para encontrar "un punto medio razonable" entre la amnistía y la deportación masiva de los indocumentados. Bush reiteró que apoya un programa de trabajadores huéspedes "para reducir las presiones en la frontera", una idea rechazada por los republicanos más conservadores, que la interpretan como una amnistía para los inmigrantes clandestinos.
Pero Bush aclaró que se opone a una amnistía porque, según él, los millones de "sin papeles" que ya se encuentran en EEUU no merecen "una vía automática para la ciudadanía". En la ceremonia de hoy se encontraban presentes el patrocinador de esta ley en la Cámara de Representantes, el republicano Peter King; el vicepresidente Dick Cheney; los líderes de la mayoría republicana en la Cámara Baja, John Boehner, y en el Senado, Bill Frist, así como el jefe de la Patrulla Fronteriza, David Aguilar, entre otros.
Ninguno hizo declaraciones a los periodistas pero, poco después, muchos legisladores republicanos, entre ellos Frist y el presidente de la Cámara Baja, Dennis Hastert, hicieron elogios de la ley y tildaron a la oposición de "obstruccionista" y de no ofrecer soluciones al problema. Mientras, los principales líderes demócratas del Congreso, desde la legisladora Nancy Pelosi hasta los senadores Harry Reid y Edward Kennedy, destacaron el "fracaso catastrófico" de la política migratoria de EEUU.
El muro es muy costoso, podría perjudicar las relaciones con México y en vez de disuadir a la inmigración ilegal, la desviará a sitios más peligrosos en la franja sur, señala la oposición. Este "muro de la vergüenza", como lo denominan sus detractores, ha causado malestar en México, el socio comercial más importante de EEUU después de Canadá.
De hecho, el Gobierno de México afirmó este jueves que la decisión del Gobierno de Estados Unidos de construir un muro en la frontera sur de ese país para controlar la inmigración ilegal "lastima" la relación bilateral.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su "tajante rechazo" a la medida y consideró "lamentable que en el debate sobre el fenómeno migratorio en Estados Unidos se haya impuesto, hasta ahora, un enfoque parcial como una supuesta solución a este tema". "Es altamente preocupante que el enfoque integral, por el que ambas administraciones han pugnado, se pretenda supeditar a una visión que considera exclusivamente medidas de seguridad", agrega la nota.
La Cancillería repitió su postura de que "para lograr una mejor administración bilateral del fenómeno migratorio se requiere del establecimiento de nuevos mecanismos que permitan una migración legal, segura, ordenada, digna y respetuosa de los derechos humanos". Según el gobierno mexicano, la entrada en vigor de la llamada "Ley del Muro", promulgada hoy por el presidente estadounidense George W. Bush, "lastima la relación bilateral en su conjunto".
También considera que "es contraria al espíritu de cooperación que debe prevalecer para garantizar la seguridad en la frontera común y propicia un clima de tensión en las comunidades fronterizas". La cuestión "no sólo impacta la relación" bilateral, "sino que también tiene repercusiones en asuntos de seguridad interna y en las relaciones con los países de Centroamérica", agrega.
EEUU también afronta la oposición del Vaticano y, en Estados Unidos, del sector empresarial, de grupos pro-inmigrantes y de defensores de derechos humanos, que creen que no resolverá las deficiencias del sistema migratorio estadounidense, y piden una reforma migratoria amplia y humanitaria.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su "tajante rechazo" a la medida y consideró "lamentable que en el debate sobre el fenómeno migratorio en Estados Unidos se haya impuesto, hasta ahora, un enfoque parcial como una supuesta solución a este tema". "Es altamente preocupante que el enfoque integral, por el que ambas administraciones han pugnado, se pretenda supeditar a una visión que considera exclusivamente medidas de seguridad", agrega la nota.
La Cancillería repitió su postura de que "para lograr una mejor administración bilateral del fenómeno migratorio se requiere del establecimiento de nuevos mecanismos que permitan una migración legal, segura, ordenada, digna y respetuosa de los derechos humanos". Según el gobierno mexicano, la entrada en vigor de la llamada "Ley del Muro", promulgada hoy por el presidente estadounidense George W. Bush, "lastima la relación bilateral en su conjunto".
También considera que "es contraria al espíritu de cooperación que debe prevalecer para garantizar la seguridad en la frontera común y propicia un clima de tensión en las comunidades fronterizas". La cuestión "no sólo impacta la relación" bilateral, "sino que también tiene repercusiones en asuntos de seguridad interna y en las relaciones con los países de Centroamérica", agrega.
EEUU también afronta la oposición del Vaticano y, en Estados Unidos, del sector empresarial, de grupos pro-inmigrantes y de defensores de derechos humanos, que creen que no resolverá las deficiencias del sistema migratorio estadounidense, y piden una reforma migratoria amplia y humanitaria.